Los términos “seguridad social” y “protección social”, que en estos días aparecen cada vez más en el ámbito político internacional, encierran la idea de que todas las personas deberían tener un ingreso básico y acceso a la educación y a la atención de la salud, en especial los pobres y los desempleados.

La Asamblea Mundial de la Salud celebrada en mayo adhirió al principio de la cobertura universal, lo que significa que todas las personas deberían poder disfrutar de los servicios básicos de atención de la salud. Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó el Informe mundial sobre la protección social, 2014-2015: hacia la recuperación económica, el desarrollo inclusivo y la justicia social, en el cual se examinan las últimas tendencias.

El informe de la OIT se centra en la cobertura de seguridad social en todas las etapas de la vida desde el nacimiento, como niños y madres, trabajadores (la forma en que están protegidos por planes que abarcan accidentes de trabajo, licencia por maternidad e invalidez), desempleados (si cuentan con beneficios) y personas mayores (por ejemplo, si están cubiertas por pensiones a la vejez).

Garantizar que todas las personas tengan acceso a los elementos básicos necesarios para una vida digna es una gran aspiración para una sociedad. Pero, ¿es factible implementar este ambicioso objetivo?

A menudo se argumenta que los países que gastan mucho para proporcionar bienestar y beneficios a los grupos de menores ingresos pueden enfrentar déficits presupuestarios insostenibles. La respuesta a ese argumento es que los gobiernos pueden aumentar los ingresos de varias maneras, incluso mediante diferentes tipos de impuestos, y que la seguridad social debe ser una alta prioridad en el gasto público ya que aumentará la demanda de la economía y la estabilidad social.

Existía la idea generalizada de que los países ricos podían darse el lujo de brindar protección social, pero los pobres no contaban con los fondos para ello. La experiencia reciente de Brasil demostró que un país de ingresos medios puede canalizar fondos públicos a los pobres de manera de lograr el “hambre cero”, una promesa del ex presidente Lula da Silva. Además, el gobierno brasileño también ha argumentado que estos fondos han impulsado la demanda efectiva. Por lo tanto, la redistribución social no solo alivia la pobreza y el hambre, sino que también reduce la desigualdad y contribuye al crecimiento económico.

Un creciente número de países en desarrollo ha implementado recientemente sus propias formas de apoyo a las familias pobres, una medida popular que ha sido muy bien recibida por los beneficiarios. Todavía se están buscando fórmulas para lograr que la financiación de éstos y otros programas de bienestar sean sustentables.

Otra cuestión importante es el efecto de la actual coyuntura de recesión sobre la seguridad social. El informe de la OIT dedica un apartado a este aspecto, planteando la preocupación de que las medidas de austeridad están afectando a la seguridad social y creando más pobreza, no solo en Europa sino también en los países en desarrollo.

El informe revela que la mayoría de personas carece de la protección social adecuada en los momentos en que más la necesita. Solo el veintisiete por ciento de la población mundial goza de acceso a sistemas de seguridad social integrales.

La seguridad social y la asistencia médica para los niños, las personas en edad activa que enfrentan el desempleo o la incapacidad laboral por accidentes o enfermedad y las personas mayores es un derecho humano universal. Pero la promesa de la protección social universal sigue sin cumplirse para la gran mayoría, dice el informe de la OIT.

En la primera fase de la crisis financiera mundial (2008-2009), al menos cuarenta y ocho países de altos y medianos ingresos pusieron en marcha paquetes de estímulo por un total de 2,4 billones de dólares, que cubrieron básicamente un cuarto de las medidas de protección social. Esto los ayudó a recuperar el equilibrio de la economía, así como a proteger a los desempleados y personas en situación vulnerable de cualquier desastre económico.

Pero en la segunda fase de la crisis (a partir de 2010), varios gobiernos cambiaron el curso y se embarcaron prematuramente en la consolidación fiscal. “De hecho, al menos ciento veintidós gobiernos están reduciendo el gasto público en 2014, de los cuales ochenta y dos están en países en desarrollo”, declaró Isabel Ortiz, directora del Departamento de Protección Social de la OIT.

Entre las medidas de austeridad figuran reformas de los sistemas de pensiones, salud y bienestar social, que a menudo reducen su cobertura o financiamiento, la eliminación de subsidios y recortes en el número de trabajadores sociales de la salud.

Los países de altos ingresos están reduciendo su protección social. En Europa, esto ha contribuido al aumento de la pobreza, que actualmente afecta a ciento veintitrés millones de personas, el veinticuatro por ciento de la población.

Por el contrario, varios países de ingresos medios están ampliando sus sistemas de protección social, apoyando los ingresos familiares. China, por ejemplo, ha aumentado considerablemente el salario mínimo y se acerca a lograr la cobertura universal de pensiones, mientras que Brasil ha incrementado aún más el índice de cobertura de la protección social y el salario mínimo desde 2009.

Debido a sus bajos ingresos, los países más pobres tienen niveles de seguridad social más bajos. Sin embargo, algunos países como Mozambique también han ampliado la protección social, aunque a menudo a través de redes de seguridad temporales con muy bajos beneficios.

A escala mundial, los gobiernos asignan solo el 0.4 por ciento del PBI a prestaciones familiares y para la infancia. Esto debería ser ampliado, ya que muchas de las dieciocho mil muertes infantiles diarias podrían evitarse mediante la protección social.

Los gastos para la protección social de personas en edad activa varían de manera muy amplia en todo el mundo. Solo el doce por ciento de los trabajadores desempleados reciben prestaciones por desempleo, que van desde el sesenta y cuatro por ciento en Europa occidental hasta menos del tres por ciento en Medio Oriente y África.

En materia de pensiones, el cuarenta y nueve por ciento de las personas que superan la edad de retiro en todo el mundo no reciben una pensión, mientras que para muchos beneficiarios, las pensiones son demasiado bajas como para revertir la situación de pobreza.

La buena noticia es que la OIT ha respaldado la protección social y se espera que sea incluida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que actualmente están en proceso de negociación en las Naciones Unidas. Si se adopta el principio de la protección social, la discusión se centrará cada vez más en la forma de implementarla, con todos los problemas y opciones que deberán considerarse.

Martin Khor, fundador de TWN y director ejecutivo del Centro del Sur.

Publicado: 4 de julio de 2014 - No. 170 - Año 2014