Tener cada día nuestro pan sobre la mesa es una preocupación milenaria y actual. La alimentación es reconocida hoy como un derecho humano básico, pero la seguridad alimentaria se ha vuelto en los últimos días un tema candente para la diplomacia internacional.

En Ginebra, India bloquea desde hace varias semanas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) la puesta en práctica del Acuerdo de Facilitación del Comercio, condicionándolo a la resolución simultánea del tema de la seguridad alimentaria.

Para enfrentar al mismo tiempo el hambre y la pobreza extrema, India había resuelto hacer lo mismo que hacen los países desarrollados: distribuir bonos de comida a los pobres y asegurar a los no menos pobres pequeños productores un precio mínimo de compra de sus cosechas por parte del Estado. Los países desarrollados alegaron que esto equivale a un subsidio y que las reglas de la OMC prohíben crear nuevos subsidios agrícolas, aunque éstos les están permitidos a quienes ya venían subsidiando su agricultura, que son justamente Estados Unidos, Europa occidental y Japón.

Simultáneamente, estos mismos países desarrollados son los principales beneficiarios de la “facilitación del comercio”, que obliga a los países en desarrollo a construir infraestructura y dinamizar procedimientos aduaneros. Como las exportaciones de commodities de los países en desarrollo ya están facilitadas al máximo, estas medidas servirán sobre todo para aumentar las exportaciones de los países desarrollados (y algunos emergentes) hacia los países más pobres.

India entiende que si los países desarrollados consiguen ahora la facilitación del comercio, de inmediato perderán interés en negociar los restantes temas de la Ronda de Doha que interesan fundamentalmente a los países en desarrollo, tales como un nuevo acuerdo agrícola o el derecho a defender la seguridad alimentaria de los países pobres, aun a costa de sacrificar la liberalización comercial.

Mientras tanto, en las Naciones Unidas, el Grupo de los 77 (que en realidad está constituido por ciento treinta y un países en desarrollo) y China han logrado introducir la defensa de los pequeños productores rurales como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En efecto, el segundo de los objetivos propuestos se titula “erradicar el hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sustentable”. Las metas de este objetivo, además de las relacionadas con el fin de la malnutrición, se proponen duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los pequeños productores, asegurar la producción sustentable de alimentos, mantener la diversidad genética de las semillas, eliminar los subsidios a las exportaciones agrícolas de los países desarrollados y controlar la especulación en los mercados de alimentos.

Finalmente, el texto acordado propone asegurar a los campesinos “el acceso a los recursos genéticos y una distribución justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización del conocimiento tradicional”.

Sin embargo, en la práctica sucede todo lo contrario. En Tanzania, Mozambique, Ghana y Malawi, donde los agricultores tradicionalmente intercambian sus semillas para mejorar sus cosechas, como un gesto social e incluso un imperativo religioso, las nuevas leyes sobre semillas hacen posible que éstas sean patentadas. Los pequeños agricultores, que no conciben cómo la semilla que acaban de cosechar puede ser la “propiedad intelectual” de una empresa, son criminalizados.

Esto es resultado directo de la imposición de políticas agrícolas por parte del G-8, formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, y del cual Rusia, el octavo miembro, está suspendido debido a la crisis en Ucrania. En 2012, el G-8 lanzó la denominada “Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición” que se propone alcanzar estos objetivos “desatando el poder del sector privado”. A dos años de aplicada, esta estrategia “está presionando a los gobiernos africanos para que adopten reformas que faciliten las inversiones agrícolas de grandes empresas transnacionales y discriminan contra los pequeños productores”, dicen un centenar de ONG de los países del G-8 en un llamado público dado a conocer el 19 de setiembre.

A modo de ejemplo, los firmantes citan el caso de las semillas patentadas en varios países o la situación de Malawi, donde la expansión de los cultivos de tabaco de las transnacionales se presenta como “contribución a la seguridad alimentaria”, o de Burkina Faso, donde enormes proyectos de irrigación en curso apenas destinan un quinto de las tierras favorecidas a los pequeños agricultores, dejando la parte del león para los exportadores de materias primas agrícolas.

Las ONG solidarias concluyen que “la Nueva Alianza margina los sistemas alimentarios diversos y sostenibles de los pequeños campesinos, que ofrecen un potencial real para la nutrición y la seguridad alimentaria (…) y promueve enfoques ambientalmente dañinos que fortalecen el poder de algunas grandes empresas”.

Nuestro pan cotidiano y el derecho a tenerlo hoy y mañana está pasando así al centro de un nuevo enfrentamiento global.

Roberto Bissio, Director del Instituto del Tercer Mundo (ITeM).

Publicado: 26 de setiembre de 2014 - No. 182 - Año 2014