Necesitamos sistemas de protección social basados en la solidaridad y los riesgos compartidos, y creados a partir de negociaciones colectivas y diálogos sociales, estructuras democráticas y estrategias a largo plazo para combatir la pobreza y contrarrestar las desigualdades y la falta de equidad. La protección social universal es esencial para lograr la igualdad de género. Además, existe una importante conexión entre la prestación de servicios públicos y la capacidad de las mujeres para ingresar en el mercado laboral, para abordar las responsabilidades de trabajo del cuidado no remunerado y para garantizar que los niños tengan acceso a los servicios sociales y de salud.

La presión por la individualización de la protección social ha tenido un importante impacto en la prestación de estos servicios, lo que incluye atención médica y asistencia social, pensiones y beneficios de desempleo, a los cuales los programas de austeridad sumaron efectos perversos que generan exclusión social o exposición a riesgos, en lugar de inclusión y protección. Los planes de pensiones de aportaciones individuales para los cuales el Banco Mundial ejerció presión en Chile y Europa oriental en la década de 1990 ahora están por caducar. Los sindicatos advirtieron muchas veces en contra de esos planes, y nuestras inquietudes se convirtieron en realidad, ya que estos planes no ofrecen niveles de pensiones decentes.

Un apoyo genuino a la atención médica y la seguridad social universales podría contribuir enormemente a lograr trabajos decentes y una menor desigualdad. Sin embargo, las instituciones financieras internacionales (IFI) siguen fomentando reformas de protección social que se centran en la focalización, que es menos eficaz y más costosa que la cobertura amplia. Además, las inversiones del Banco Mundial en la atención médica privada con fines de lucro a través de su rama del sector privado, la Corporación Financiera Internacional (International Finance Corporation, IFC), no coinciden con el objetivo de priorizar la atención médica universal, promoviendo servicios para quienes pueden pagarlos.

Las encuestas realizadas en 89 países, tanto de altos como de bajos ingresos, que abarcan 89% de la población mundial, sugieren que 150 millones de personas en todo el mundo sufren una catástrofe financiera porque deben pagar los servicios de salud. Los países que introdujeron recientemente la cobertura universal demuestran que la inversión gubernamental genera mejores resultados sanitarios. No es el porcentaje absoluto del PIB lo que determina los resultados sanitarios, sino cómo se brinda la atención médica. Por este motivo, también demandamos que se evite el fomento de las asociaciones público-privadas (APP) para la prestación de atención médica, ya que, debido a que necesitan garantizar ganancias para el socio privado, por lo general terminan generando más costos para el gobierno y reduciendo los niveles de beneficios.

Por Sandra Vermuyten, Internacional de Servicios Públicos (ISP)

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Este artículo se encuentra publicado en el Informe “Spotlight 2017″ sobre Desarrollo Sustentable.

Publicado: 31 de marzo de 2018 - No. 339 - Año 2018