Después de muchos años de campaña por parte de movimientos de mujeres, sindicales y de derechos humanos en contra de acuerdos bilaterales y regionales llamados “de libre comercio” o “de comercio e inversión,” el gobierno de los Estados Unidos ha pasado a la posición opuesta. El presidente Donald Trump ha impuesto tarifas proteccionistas al acero y el aluminio, con lo que desató medidas retaliatorias e inició una “guerra comercial” de incierto resultado. Trump quiere renegociar el tratado de libre comercio de América del Norte (también conocido como NAFTA, por su sigla en inglés) y ha retirado a los Estados Unidos del Acuerdo del Pacífico, antes conocido como TPP por “Trans-Pacific Partnership” y ahora rebautizado “Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico” por los once países que sí lo firmaron. Pero el agregado de dos adjetivos al nombre no refleja un cambio en la esencia del acuerdo que impulsara el presidente Barack Obama para oponerse a los avances de China en la región.

Como en múltiples frentes la presidencia de Trump se opone a los reclamos feministas y populares, la tentación es tomar la posición opuesta mecánicamente: “Si Trump combate al libre comercio, algo bueno tendrá éste.” Los aspectos criticables de los Economic Partnership Agreements (EPAs) entre la Unión Europea y los países ACP (África, Caribe y el Pacífico) o del tratado en negociación entre la UE y el Mercosur siguen siendo válidos, pero la prensa ha perdido interés en estas voces disidentes o ligeramente califica a los disidentes de “populistas” y “proteccionistas”, implícitamente útiles a los designios de Trump.

El mercado es un lugar y un momento muy concreto para las mujeres que acuden a él a comprar los alimentos de sus familias, vender el excedente de sus parcelas o todo tipo de productos elaborados en casa, ofrecer servicios, enterarse de las noticias y fortalecer sus redes sociales. “Micro y mini empresarios” es un término que, asociado al de “empresas medias y pequeñas” nos hace olvidar que estamos hablando de mujeres. El lado “empresarial” es a menudo una extensión monetizable de su rol en el sistema de cuidados y la reproducción social. En un reciente artículo, Barbara Adams¹ recuerda que las pequeñas parcelas (menos de dos hectáreas) representan 80 por ciento de las 500 millones de unidades agrícolas del mundo. Estas parcelas proveen 80 por ciento de la comida consumida en Asia y África al sur del Sahara y la mayoría de ellas son gerenciadas y trabajadas por mujeres. El acceso a los mercados, como compradoras o vendedoras de productos y servicios es vital para las mujeres y eliminar sus trabas, por infraestructura inadecuada o legislación y normas discriminatorias es una causa feminista, un problema de derechos humanos y un obstáculo al desarrollo sustentable.

El economista Dani Rodrik sostiene que “los tratados comerciales son resultado de un comportamiento buscador de rentas e interesado de firmas políticamente bien conectadas: bancos internacionales, compañías farmacéuticas y empresas multinacionales. Pueden resultar en un comercio más libre, mutuamente beneficioso, a través del intercambio del acceso a mercados, pero es igualmente probable que tengan, bajo el disfraz de un ‘comercio más libre’ un resultado puramente redistributivo” (en beneficio de estas firmas)².

En vez de “liberar” el comercio, los “acuerdos de libre comercio” lo regulan. El viejo énfasis de los acuerdos comerciales en tarifas y cuotas ha sido sustituido por un sistema de disciplinas y reglas sobre temas tan variados como la propiedad intelectual o la protección de los inversores. Los acuerdos de libre comercio son usados para prolongar la validez de patentes industriales, por ejemplo, lo que equivale a defender un monopolio y es todo lo contrario al libre comercio y conduce, entre otros efectos, al encarecimiento de los medicamentos. A través de las cláusulas de inversión incluidas en las “nuevas generaciones” de acuerdos comerciales, las empresas multinacionales han ganado acceso a tribunales arbitrales internacionales para demandar a los países, por encima de las leyes nacionales y sin que estos mismos tribunales sirvan para demandar a los inversores por parte de la ciudadanía o los gobiernos.

Los tratados de libre comercio son negociados en el mayor secreto y presentados a los parlamentos para su aprobación o rechazo cuando ya no pueden ser modificados. Sin embargo, las grandes empresas tienen acceso fácil a los documentos y a los diplomáticos que los negocian durante todo el proceso. Son estas asimetrías de poder las que explican la asimetría en los resultados y porqué al final los acuerdos favorecen más a la gran industria farmacéutica y agroquímica que a la agricultura sustentable de pequeñas propiedades en manos de mujeres. Así, la introducción de etiquetados veraces sobre el contenido de los alimentos preparados puede ser denunciada como “traba al comercio” mientras que la provisión de medicamentos genéricos (a menudo a un precio diez veces menor) no es elogiada como ampliando la libertad de comercio sino que violaría la “propiedad intelectual” en una jerarquía jurídica que la sitúa por encima del derecho a la salud.

En este escenario, la vieja metáfora sobre el comercio internacional como una marea que levanta a todos los barcos, grandes o pequeños (y por lo tanto favorecería a las mujeres) ya no es válida. En sociedades cada vez más desiguales, algunas mujeres (y muchos varones) en cruceros cinco estrellas son aupados por los acuerdos comerciales que ellos mismos diseñaron mientras que las barcas de pesca artesanal son destrozadas por la tormenta.

Como no existen herramientas que permitan predecir los múltiples impactos de los tratados comerciales antes de su firma, las ciudadanías y en especial quienes defienden los derechos de las mujeres deben insistir en el principio precautorio (si hay riesgos graves, abstente) y en la trasparencia durante todas las negociaciones. Después de todo, la brecha entre las promesas neoliberales de la post-guerra fría y las injusticias de la globalización real son una de las causas del creciente chovinismo³ que nos asusta y preocupa a todas las militancias democráticas.

Por Roberto Bissio. Roberto Bissio es coordinador de la red internacional Social Watch y director ejecutivo del Instituto del Tercer Mundo. Como periodista ha cubierto temas sobre desarrollo desde 1973. Es además miembro de las juntas directivas de Third World Network (TWN) y del Foro Internacional de Montreal.

Notas:

Fuente: Este artículo está publicado aquí y en el DAWN Informa Junio 2018.

Publicado: 27 de julio de 2018 - No. 343 - Año 2018