En momentos de incertidumbre sobre el futuro de la economía mundial, con endeudamiento cercano al cien por ciento del producto en la mayoría de los países industrializados y burbujas especulativas a punto de estallar en los mercados de materias primas y las bolsas de las economías emergentes, cuando los movimientos sociales reclaman políticas antipobreza y mayor gasto social, la respuesta es “no hay plata” o, peor aún, “prepárense para ajustar el cinturón”.

La austeridad fiscal y los recortes de gastos estatales son anunciados como inevitables. Sin embargo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) acaba de publicar un informe en el que demuestra cómo es posible mantener y aumentar la inversión económica y social en beneficio de niñas y niños y de los hogares pobres en ciento ochenta y dos países, o sea la casi totalidad de los 193 miembros del foro mundial.

El documento, titulado “Encontrando el espacio fiscal”, ofrece una gama de opciones, como por ejemplo la reasignación de gastos, el aumento de impuestos, argumentos persuasivos para lograr mayor ayuda externa, echar mano a las reservas de los bancos centrales, solicitar crédito y reestructurar la deuda y, finalmente, cambiar la política económica, admitiendo una inflación algo más elevada que la sugerida por el FMI.

El corazón del informe está en su anexo estadístico, en el que se detalla para cada país el porcentaje de su producto dedicado a educación y salud, y se lo compara con los gastos militares, la deuda externa, la ayuda recibida y lo recaudado por impuestos. “En momentos en que la población más necesita asistencia pública, la contracción del gasto se intensifica y se generaliza en los países en desarrollo”, comenta Isabel Ortiz, la economista española que encabeza la División de Políticas y Prácticas de UNICEF que tuvo a su cargo el estudio.

El interés por encontrar los recursos que podrían hacerse disponibles surgió a partir de un análisis anterior del mismo equipo, donde se demostró que de ciento veintiocho países en desarrollo encuestados, noventa y uno están reduciendo los gastos públicos.

“Cada país es único”, explican los autores, y las opciones para cada uno son distintas. No es lo mismo Bélgica, Francia o Dinamarca, donde el gasto del gobierno es más de la mitad del PBI, que Guatemala o la República Dominicana, donde “pesa” apenas quince por ciento en el total de la economía. En los muy capitalistas Estados Unidos el gasto del gobierno es de más de cuarenta por ciento del producto, casi el doble que en la China gobernada por los comunistas.

En lugar de recortar gastos públicos, con lo que se suma a la caída de la actividad privada otro factor de contracción, la recuperación de la economía mundial depende de que todo el mundo estimule a sus economías y las políticas sociales son la mejor forma de hacerlo. Alertando contra los riesgos de una austeridad prematura o excesiva, Christine Lagarde, la nueva directora-gerente del FMI, abogó en agosto por “una exploración agresiva de todas las medidas posibles de apoyo rápido al crecimiento”.

Pero incluso en situaciones en las que hay consenso en favorecer el gasto social, los políticos a menudo no encuentran qué otros gastos cortar. Para ayudarlos, el anexo lista países que gastan en defensa tanto como en salud. En América Latina es el caso de Ecuador y Chile, aunque ambos están lejos de Sierra Leona, Armenia o Mauritania, que gastan el doble en sus ejércitos que en sus hospitales, o Siria, donde los gastos militares triplican los de salud.

Aumentar impuestos es una manera de hacerse de recursos adicionales para el gasto social, pero si lograran contener la evasión fiscal los países en desarrollo ganarían 285,000 millones de dólares anuales adicionales con los impuestos existentes. “Fondos de estabilización” que se nutran de las ganancias adicionales obtenidas por los exportadores de materias primas en períodos de precios altos -como el actual- son otra de las fórmulas sugeridas.

Emitir bonos y renegociar la deuda cuando su servicio es excesivo son opciones que los países pueden considerar. Hay casos de renegociación voluntaria. Está la experiencia de Ecuador, que declaró parte de su deuda como ilegítima tras realizar una auditoría y ahora Bolivia, Grecia, Irlanda y Filipinas están auditando su deuda. En Islandia más del noventa por ciento de los votantes rechazaron en un referéndum que el Estado se hiciera cargo de la deuda de los bancos privados en quiebra. Un repudio unilateral es una alternativa extrema, pero Estados Unidos aplicó el concepto de “deuda odiosa” en Irak, decretando que las deudas generadas durante el gobierno de Saddam Hussein no tenían que ser pagadas.

Finalmente, el informe analiza las políticas macroeconómicas y el debate actual sobre dónde está el equilibrio entre el combate a la pobreza y la contención de la inflación. Para unos la inflación es siempre mala, genera inseguridad y debe ser contenida a toda costa. Para otros, las medidas antiinflacionarias, al contener el gasto social y aumentar el desempleo, generan costos sociales que vuelven al remedio peor que la enfermedad.

El propio FMI admitió niveles de inflación superiores al cinco por ciento en 2009, como parte de los estímulos anticrisis y los académicos no están de acuerdo en cuánta inflación es “aceptable”. Los economistas que trabajan para el FMI se horrorizan con niveles de dos dígitos, pero los que investigan para el Banco Mundial aceptan inflación de entre diez y veinte por ciento sin pestañar, y en algún caso llegan a admitir treinta y más.

En los años 90 Margaret Thatcher convirtió en doctrina su dictamen de que “no hay alternativas”. El nuevo consenso es: sí, hay.

Publicado: Viernes 28 de octubre de 2011 - 42 Año 2011