“Usted imagínese al FMI como a un doctor”, le dijo Dominique Strauss-Kahn, máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional, a la revista alemana Der Spiegel. “El dinero es la medicina. Pero los países, o sea, los pacientes, tienen que cambiar sus malos hábitos si quieren curarse. No hay otra manera”.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) cree que sí hay otras maneras.

Y un estudio sobre las políticas económicas recomendadas por el FMI a 126 países de ingresos medios y bajos concluye que las terapias recomendada para recuperar las economías pueden ser perjudiciales para los niños y sus madres.

En economía se puede postergar un gasto hoy para obtener un beneficio mayor mañana, pero en los niños “la ventana de intervención en el desarrollo fetal y el crecimiento de los pequeños es limitada”, recuerda UNICEF, y eso quiere decir que “si las privaciones de hoy no son atendidas prontamente, éstas tendrán un impacto irreversible sobre las capacidades físicas e intelectuales, lo que, a su vez, resultará en menor productividad como adultos, un precio demasiado alto para cualquier país”.

UNICEF entiende que “proveer un apoyo inmediato y adecuado a los niños y sus familias es un imperativo urgente” y, por lo tanto, “es necesaria una evaluación cuidadosa de los riesgos, de manera de equilibrar las políticas que restauren la sustentabilidad macroeconómica a mediano plazo con las que protejan y apoyen a las poblaciones pobres y vulnerables en lo inmediato”.

Sin embargo, a la hora de determinar las políticas económicas, los niños y en general los sectores vulnerables cuentan poco. Según un informe confidencial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París, que agrupa a los países donantes de ayuda, “el FMI tiene la obligación de formar su propia opinión sobre las políticas macroeconómicas necesarias para lograr una balanza de pagos sustentable y un progreso razonable hacia la estabilidad de precios. La negociación (con cada país en desarrollo) es altamente técnica entre el FMI y un pequeño grupo de funcionarios de finanzas y el Banco Central, pero las implicancias para el crecimiento económico, el gasto público y la reducción de la pobreza pueden ser profundas”.

En este análisis, al que tuvo acceso el autor pero que no será publicado si el FMI no lo aprueba, la OCDE reconoce “críticas” reclamando que “los objetivos y metas específicas deben ser objeto de un debate amplio”. En tal sentido, “aunque hay buenos ejemplos de países enérgicos que han persuadido al FMI a que modifique su postura, un enfoque más transparente no ha sido institucionalizado” (el estudio en inglés está disponible en: www.unicef.org/socialpolicy/index_56435.html).

Utilizando datos contenidos en las proyecciones fiscales del FMI, las investigadoras de UNICEF Isabel Ortiz y Jingqing Chai muestran que casi la mitad de los países analizados planean reducir el gasto público durante el período 2010-2011, en comparación con 2008-2009. Alrededor de un cuarto de los países tendrán reducciones de un promedio de 6,9 por ciento, una contracción del gasto público que consideran “preocupante” dado que “la recuperación económica aún es frágil, y la población en muchos países en desarrollo sigue sintiendo los impactos negativos de la crisis”.

El informe presenta las medidas de ajuste más frecuentemente consideradas en 2009-2010: i) el recorte o freno a los salarios del sector público ii) la reducción de subsidios; y iii) una mayor focalización y racionalización de los programas de la seguridad social. El artículo destaca los riesgos potenciales de estas medidas de ajuste en niños y familias pobres.

Si bien se reconoce la importancia de la estabilidad macroeconómica y la mejora de la situación fiscal para mitigar futuras crisis, el informe cuestiona si la trayectoria proyectada de ajuste fiscal en algunos países, en términos de su magnitud y de la velocidad de implementación, es adecuada para proteger a los hogares vulnerables.

La experiencia de contracción de gastos en las últimas décadas muestra que “cuando los gobiernos recurren a recortes fiscales, el gasto social es el menos protegido”, recuerda UNICEF.

Durante las crisis de los ochenta, los gastos en salud, educación y seguridad social fueron más recortados que los de defensa. En Argentina, los ajustes fiscales de los años ochenta y noventa cortaron más al gasto social y, dentro de éste, los programas de empleo o de asistencia focalizada en los más pobres se redujeron más que los servicios sociales universales (o sea, para toda la población). En Perú, el recorte en salud en esos períodos fue tal que la mortalidad infantil aumentó sensiblemente. “Esta evidencia demuestra la necesidad de defender activamente los gastos pro pobres en momentos de contracción fiscal”, concluye UNICEF, cosa difícil de hacer si los recortes se acuerdan en pequeños cenáculos secretos.

A veces su impacto es difícil de pronosticar. En múltiples informes del FMI sobre distintos países se recomienda recortes de salarios, reducción o eliminación de subsidios a la alimentación o a los combustibles y reforma o “racionalización” de la protección social.

Bien diseñadas y ejecutadas, estas medidas deberían generar ahorros fiscales que permitirían mejorar los servicios de salud y educación imprescindibles para reducir la pobreza. Sin embargo, en el corto plazo recortes salariales pueden conducir a atrasos en los pagos, reducción en el consumo y mayor recesión económica, como caídas en la calidad de los servicios, sobre todo en las áreas pobres. UNICEF ha detectado una disminución del salario real de maestros y enfermeras en un tercio de los países durante 2009 como consecuencia del aumento de los precios. En la mitad de los países analizados no tienen una remuneración adecuada, lo cual genera ausentismo, fuga de cerebros y deterioro en los servicios sociales.

Incluso las medidas de apoyo “focalizadas” en los más pobres, que recomiendan el FMI y el Banco Mundial, a juicio de UNICEF a menudo están mal diseñadas, excluyen a muchos necesitados o resultan ser procesos muy caros y demorados para determinar quién recibe transferencias y quién no. Las transferencias universales, por ejemplo a todas las familias con niños o a una cierta región geográfica, pueden ser preferibles.

A diferencia del FMI, UNICEF considera que sí hay otras maneras de defender el gasto social en épocas de crisis, y enuncia una larga lista de opciones que incluye la aplicación de impuestos progresistas (a la renta, el sector financiero, los automóviles o los cigarrillos), la reducción de la evasión fiscal, la eliminación de ineficacias, la reducción del gasto militar, la utilización de las reservas acumuladas en la década pasada e incluso un cambio en las políticas macroeconómicas, permitiendo, como ha hecho Indonesia, un mayor déficit hasta que la economía se recupere.

No se trata de defender los malos hábitos, pero a veces lo mejor es cambiar de médico… o, por lo menos, escuchar una segunda opinión.

Publicado: Jueves 28 de octubre de 2010 - Agenda Global - Nº 173