La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso tiene en sus manos el Acuerdo Energético Perú-Brasil, firmado por el anterior gobierno peruano y que, aparentemente, ha recibido el visto bueno del actual. El tratado debe ser discutido en estas semanas para luego pasar al pleno. Sin embargo, congresistas, organizaciones indígenas, ambientalistas y diversas instituciones consideran que el acuerdo es lesivo para los intereses del país y causaría graves impactos ambientales y sociales.

Pero, ¿de qué trata este polémico acuerdo? El texto, firmado por los ex presidentes Alan García y Lula da Silva el 16 de junio del 2010, promueve la “integración energética” entre ambos países y el “desarrollo sostenible”. Sin embargo, cuando uno lee con más detenimiento el acuerdo descubre que estas palabras aparentemente bellas significan que el Perú se compromete a vender a Brasil unos siete mil doscientos megavatios de energía anuales durante cincuenta años.

Cabe recordar que el consumo actual de energía del Perú se calcula en unos cuatro mil o cinco mil megavatios anuales, lo que significa que el país estaría comprometiéndose a vender más de lo que produce y consume. Para ello, sería necesario construir una serie de centrales eléctricas, cuyo número y ubicación no se precisan en el documento. Se calcula que para producir esa cantidad de energía serían necesarias hasta quince hidroeléctricas de gran tamaño, lo que generaría, además de energía, impactos ambientales y sociales enormes.

¿Cuál es el estado actual de este acuerdo? Como todo tratado internacional, una vez que ha sido negociado y aprobado por el Poder Ejecutivo debe ser ratificado por el Congreso. El gobierno anterior cumplió con la primera parte del trámite, sin embargo la legislatura anterior terminó sin que se haya producido ningún dictamen al respecto. Por ese motivo, con el inicio de un nuevo Congreso el acuerdo se archivó, a la espera de que el nuevo gobierno solicite nuevamente su discusión o, por el contrario, retire la propuesta. Hasta hace unas pocas semanas, aún existía la incógnita acerca de qué haría Ollanta Humala con este acuerdo firmado por la gestión aprista con la administración de Lula, estrecho aliado de Gana Perú. La cancillería se encargó de resolver dicha incógnita en octubre, al volver a enviar el texto del acuerdo al parlamento para solicitar su discusión. Al hacerlo, se entiende que el Ejecutivo le ha dado su visto bueno al polémico tratado energético.

Como han señalado diversos analistas, este acuerdo responde al interés de Brasil antes que al del Perú. Nuestra demanda energética difícilmente superaría los ocho mil megavatios en los próximos treinta años -es decir, tres mil a cuatro mil más de lo que producimos actualmente-, así que no es una necesidad para nuestro país producir una cantidad tan fabulosa de energía adicional.

“Es un proyecto de Brasil, para Brasil, hecho en territorio peruano, donde nosotros entregamos de una forma no reflexiva nuestro potencial hidroeléctrico”, explica Alfredo Novoa, de ProNaturaleza.

Este acuerdo “tiene graves riesgos a la soberanía del país, porque entregamos un recurso estratégico como  nuestro potencial energético a las necesidades de una potencia extranjera”, señala Ernesto Ráez, del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Cayetano Heredia. “La demanda energética del Perú no está claramente definida hoy en día, no tenemos una estrategia nacional energético ligada a una estrategia de desarrollo, y en ese marco no tiene sentido entregar nuestro potencial en un acuerdo internacional. Todos los costos sociales y ambientales son asumidos por el Perú y ninguna obligación seria queda en manos de Brasil”.

“La construcción de estas represas supera varias veces la capacidad de consumo del Perú. Definitivamente no están pensadas para abastecer el Perú, sino para abastecer a Brasil con el agravante de que la mayor parte de los impactos los va a cargar nuestro país”, coincide José Álvarez, biólogo del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. “El Perú no requiere ese volumen de energía, se podría abastecer las necesidades del Perú para los próximos cincuenta años con proyectos mucho más amigables ambiental y socialmente, e incluso vender excedentes con esas alternativas”.

Como botón de muestra podemos señalar un análisis de los costos de la electricidad realizado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental para el caso de la hidroeléctrica de Inambari (Puno), que formaría parte de este paquete de proyectos. La energía producida en Inambari tendría un costo de 64.98 dólares por megavatio/hora, lo que es mucho más alto que el precio del mercado regulado peruano, de cincuenta y cuatro dólares por megavatio/hora. Entonces, ¿por qué el Perú construiría una central hidroeléctrica para producir energía más cara que la que ya tenemos? La respuesta se hace evidente cuando se muestra que el costo promedio de la electricidad en Brasil es de 66.32 dólares por megavatio/hora, es decir, más cara que la electricidad que generaría Inambari. “Es decir, el costo de producir la electricidad sería mayor al precio que se paga en el Perú”, señala la SPDA, “por lo que no sería rentable para la empresa vender la electricidad en este país”.

Así, Brasil busca abaratar los costos de su energía a través de este acuerdo, con la ventaja adicional de “externalizar” sus costos ambientales y sociales, que serían asumidos por nuestro país.

Publicado: Viernes 04 de noviembre de 2011 - 43 Año 2011