La oligarquía colombiana es de las más antiguas de América. Nació cuando los caudillos traicionaron a Bolívar y aprovecharon para hacerse de inmensas tierras a lo largo de interminables guerras civiles. Siguiendo las enseñanzas del inglés Jeremy Bentham organizaron un gobierno ilustrado, pero lo mantuvieron a resguardo de aquellos a quienes habían despojado.

Cuando las clases medias crecieron, la oligarquía no quiso abrir su sistema a ningún liderazgo nuevo. En la persona del mártir Jorge Eliécer Gaitán, los terratenientes mataron al que hubiese sido el Yrigoyen, el Haya de la Torre o el Figueres colombiano. Colombia no tuvo ni un Getulio Vargas ni un Velasco ni un Allende. Sus doctores organizaron una democracia ilustrada, jurídica pero exclusiva y excluyente.

Con el asesinato de Gaitán y la persecución a los liberales renació la violencia que acabó en guerrillas y degeneró en paramilitarismo y narcotráfico.

Con Juan Manuel Santos, el presidente actual, esas viejas familias  han recuperado el poder. Compiten ahora con la Colombia mafiosa por el control del país.

Con la elección de Gustavo Petro gobernará Bogotá, la primera ciudad de Colombia, una izquierda venida de la guerrilla del M-19 pero renovada, entrenada en el manejo del Estado y dispuesta al diálogo.

Con la muerte de Alfonso Cano se prolongan los tiempos difíciles para las FARC. No es la derrota de las guerrillas sino la prolongación del militarismo que no está dispuesto a negociar. Las Fuerzas Armadas colombianas hicieron desde los años noventa una sostenida estrategia dirigida al aniquilamiento de la guerrilla con el apoyo de los Estados Unidos.

En el curso de la guerra, tres millones de campesinos han sido despojados de sus tierras. La Ley de Restitución de Tierras promulgada por el gobierno de Santos obliga a los despojadores a devolverlas y a una reparación integral.

La ley de Justicia y Paz afirmada por la Corte Constitucional establece una justicia transicional. Los violadores de los derechos humanos, civiles y militares, pueden tener penas menores alternativas a las durísimas penas ordinarias, si devuelven lo robado y dicen toda la verdad.

A pesar de los recientes éxitos de las Fuerzas Armadas, ni el gobierno ni la sociedad colombiana aceptan crímenes contra la humanidad ni defienden a los criminales como en el Perú.

La primera lección que da Colombia es que no puede existir democracia verdadera sin reivindicación a los despojados históricos ni ampliaciones sucesivas a las clases y grupos diversos que surgen y se suman a la sociedad. La democracia debe ampliarse y actualizarse para ser legítima.

Pero hay otras lecciones menores aunque no menos importantes.

Colombia no acepta explotaciones mineras en los páramos. La ley lo prohíbe expresamente. Eso ha servido para que el gobernador de Santander determine rechazar cualquier inversión minera para proteger las aguas de su departamento.

La ciudad de Bogotá ha decidido no permitir viviendas en los cerros. La capital colombiana se está librando de ser el sucio colmenar que es Lima o Cusco.

El presidente Santos ha desoído la histérica campaña de la derecha latinoamericana contra Hugo Chávez. Después que Uribe puso a Colombia al borde de la guerra ahora existen las mejores relaciones entre dos países hermanos cuyos gobiernos piensan diferente respetándose. Como debe ser.

El nuevo sistema de regalías que son distribuidas territorialmente da gran importancia a las inversiones en  ciencia, tecnología y cultura. Colombia parece librarse de la “cementomanía”, con la cual los parapolíticos ganan popularidad haciendo grandes robos.

Las leyes colombianas no permiten que las universidades privadas sean negocios como en el Perú. Estas asociaciones educativas deben invertir el dinero que pagan los estudiantes y sus familias en la propia universidad para que sea cada vez mejor.

Como otros países de América Latina, Colombia vive una situación difícil, pero también ofrece experiencias que debemos aprender.

Publicado: Viernes 11 de noviembre de 2011 - 44 Año 2011