Las diferentes revoluciones sociales y crisis económicas han incidido en que las mujeres se incorporen con mayor fuerza en el mercado laboral. Sin embargo, subsiste una división sexual que trae como consecuencia que éstas ocupen espacios económicamente menos valorados.

Al interior de la familia, los roles mantienen una distribución tradicional: las labores domésticas aún son consideradas de responsabilidad de las mujeres y los varones suelen “colaborar”  con algunas tareas.  Si esta situación se mantiene a lo largo del tiempo, e inclusive en otros espacios, ¿por qué tendría que ser diferente para las y los migrantes?

Se ha observado un aumento considerable de mujeres que migran por razones laborales, hecho que se explica principalmente por su ingreso en el mercado de trabajo, en contextos diferentes según el país.

En América Latina, la crisis económica de los años ochenta y el aumento del desempleo masculino ocasionaron la incorporación de las mujeres en el mercado laboral.  Debido a lo difícil que resulta ingresar al mercado formal se desarrollaron otras formas para incrementar los ingresos familiares. Entre esas estrategias económicas tenemos la migración internacional.

Esta estrategia se manifiesta en el envío de remesas, las cuales poseen una especial importancia para la familia peruana. Para el caso de las mujeres, el envío de una migrante –que debiera significar una mejora en su condición en términos de sus ingresos, los servicios a los que podría acceder, etc. y  también en su ubicación y reconocimiento familiar y social–  no es sino un paliativo ante la crisis y de la empleabilidad del varón, cuyo rol tradicional de proveedor económico termina severamente afectado. De tal manera que el camino ascendente de la mujer en la economía familiar –y especialmente de la mujer migrante– ha traído como consecuencia el desentendimiento de los varones respecto a sus obligaciones familiares, recargando en las mujeres la total responsabilidad del hogar, inclusive en desmedro de su salud y bienestar.

En la actualidad, los espacios laborales donde naturalmente se desempeñaban los varones –llámese construcción civil, sector inmobiliario e industria automotriz– se encuentran en una crisis interminable que restringe sus posibilidades de empleo.

Por otro lado, las mujeres encuentran en los países de destino una creciente demanda de servicios domésticos, que es donde prioritariamente emplea su fuerza de trabajo, lo que le permite tener un rol protagónico en el ingreso familiar aunque las condiciones respecto a sus derechos laborales sean injustas y de total  vulnerabilidad.

Hay un serio y preocupante déficit de estudios que se ocupen del fenómeno migratorio más allá del tema económico. Gran parte de las investigaciones respecto al tema se han realizado desde una perspectiva puramente económica, el interés principal se ha centrado en determinar su volumen, su aporte al desarrollo local mediante la inversión en actividades productivas. La mayoría no analiza si las remesas son enviadas por un hombre o una mujer. Tampoco se toma en cuenta las posibles diferencias que pudieran existir en función del sexo en las cantidades, periodicidad, empleo de las mismas o impacto socioeconómico, tanto en la persona que envía como en el hogar que recibe en el país de origen.

Los estudios se presentan totalmente descontextualizados, no se toma en cuenta la diversidad cultural, sexual, las variables de clase y etnia, ni que las remesas no son simples transferencias bancarias sino el resultado de difíciles procesos de negociación en el interior de los hogares y de las parejas, que además se encuentran inmersos en duelos permanentes por el alejamiento de sus seres queridos o por la presión que sus redes sociales ejercen sobre ellos para el envió de dinero.

Urge recoger mayor información y más precisa que nos permita la formulación de políticas públicas, para la planificación de programas y proyectos de diferente índole que disminuya las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

* Subdirectora de Forum Solidaridad Perú y coordinadora del proyecto «Perú Migrante».

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��lang=ES-TRAD style=’font-family:»LTTetria Light»;mso-bidi-font-family:»LTTetria Light»; letter-spacing:-.35pt’>En tercer lugar, se resalta la alta movilidad fronteriza en la región. De acuerdo a las estadísticas de la Dirección General de Migraciones, en el 2010, el sesenta y cinco por ciento de las entradas y salidas de nacionales y extranjeros se realizaron a través de puestos fronterizos en las fronteras físicas del país. Si bien pareciera que esta cifra sólo demuestra el alto tránsito en las fronteras, las razones y finalidades que se encuentran detrás de este tipo de movilidad adoptan formas tan diversas que los instrumentos tradicionales de medición, como registros de entradas y salidas, son insuficientes para su real comprensión.

Este tipo de movilidad tiene una temporalidad y una dinámica muy particular que contempla, además de la movilidad de quienes tienen como destino el país fronterizo u otro, la migración laboral estacionaria, la movilidad diaria o semanal para trabajar al otro lado de la frontera, el comercio en las fronteras (por razones de compra y venta) y hasta la movilidad indígena.

Lamentablemente, con excepción de la frontera colombo-ecuatoriana, es poco lo que se sabe sobre estas dinámicas de movilidad. Lo mencionado reviste una particular importancia, especialmente por la inseguridad en las fronteras, los escasos recursos de las instituciones públicas en estas zonas, la existencia de redes criminales y de población vulnerable.

Principales debilidades de las políticas públicas

Si bien el escenario descrito es sumamente complejo, lo cierto es que su adecuada inclusión en la agenda pública, así como el desarrollo de políticas públicas (nacionales o regionales) que den respuesta efectiva a las particulares características de estos procesos de movilidad, son aún materia pendiente. Esto se evidencia, en tres situaciones concretas:

1. La ausencia de datos certeros, lo que impide que los y las responsables de la programación e implementación de políticas públicas conozcan en su real dimensión el problema social que se pretende atender. Esto origina que las estrategias de intervención diseñadas atiendan de manera incompleta el problema social y que no se fijen objetivos claros y medibles. Un ejemplo de lo anterior son los mecanismos de control migratorio en fronteras, los cuales están diseñados para atender, de manera preferente, la movilidad de aquellas personas que salen del país con la intención de permanecer por un periodo más o menos largo en el país de destino. Sin embargo, la movilidad de personas que diariamente salen a trabajar al otro lado de la frontera no es facilitada y la de quienes salen a hacer comercio en la frontera ni siquiera es controlada. Asimismo, no se desarrollan mecanismos adecuados de atención a personas que puedan encontrarse en una situación que requiera protección internacional, pues las políticas migratorias están dirigidas, sobre todo, al turista o a la persona que sale o ingresa por cuestiones laborales.

2. La sobreposición de diferentes regímenes de tránsito y gestión de la movilidad humana. Un régimen de tránsito y/o de gestión de la movilidad humana está constituido por el marco regulatorio que establece los derechos, límites, potestades, procedimientos, etc. que tiene una persona en situación de movilidad. Estos se determinan en función de la nacionalidad, del territorio donde se reside, de los intereses del Estado, etc. y nacen de manera unilateral, por convenios binacionales, multilaterales o en el marco de los sistemas de integración. De esta manera, se vienen estableciendo sistemas diferenciados de gestión de la movilidad que conviven en espacio y tiempo. Por ejemplo, encontramos que en la frontera Perú-Ecuador conviven el régimen de libre movilidad en la zona fronteriza, el régimen de tránsito transfronterizo que se aplica a la región de frontera, el régimen aplicable a los ciudadanos comunitarios andinos, el régimen que nace del Estatuto Migratorio permanente peruano-ecuatoriano. Esta superposición de regímenes tienen un impacto importante en la manera en que se gestionan y controlan los flujos migratorios, generando ciertos vacíos y dificultades para los responsables de la ejecución de estas políticas. Por ejemplo, hace imposible diferenciar entre quienes son y no son beneficiarios de un  régimen especial, siendo que al final personas que debieron pasar algún tipo de control migratorio no lo pasan.

3. La visión reduccionista con que se mira la migración internacional. La movilidad humana es un proceso humano transversal a todas las políticas públicas (turismo, laborales, salud, educación, seguridad social, comercio, seguridad ciudadana, etc.). Sin embargo, es gestionada como un proceso segmentado limitado a la salida o ingreso del país o del mercado laboral. Esta visión a su vez determina graves problemas para el establecimiento de mecanismos adecuados de coordinación intra e interinstitucional a todo nivel (local, regional, nacional e internacional) y para la articulación, coherencia y coordinación con otras políticas de Estado. Así, encontramos medidas que limitan el acceso al mercado laboral pero que liberan las fronteras para el comercio.

la CAN como escenario ideal para la gestión de la movilidad humana

Frente al contexto de complejidad de la movilidad humana intrarregional y de las debilidades identificadas en la gestión pública, los países de la región encuentran en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) el mejor escenario para el desarrollo de políticas de gestión de la movilidad humana capaces de equilibrar los intereses de los estados con la protección efectiva de todos los tipos de movilidad humana que se puedan venir desarrollando. La CAN cuenta con órganos capaces de incidir en la construcción de políticas públicas migratorias como, por ejemplo, el Consejo Consultivo Laboral Andino, el Consejo Andino de Autoridades de Migración, el Parlamento Andino. Asimismo, a pesar de su débil implementación, existe un rico bagaje normativo que abarca los ámbitos sociolaborales, la libre movilidad, la gestión de fronteras, la cooperación en materia judicial, policial y de controles migratorios, etc.

No debemos olvidar que la finalidad de los procesos de integración es “promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social, acelerar su crecimiento y la generación de la ocupación y facilitar su participación en el proceso de integración regional” (artículo 1º del Acuerdo de Cartagena) y, en ese marco, es el espacio donde la sociedad civil y los estados deben incidir para la construcción de mejores políticas de gestión de la movilidad humana, cuya finalidad resida en la satisfacción de las necesidades y el respeto de los derechos de la persona en situación de movilidad.

* Investigadora de la Comisión Andina de Juristas y profesional del Servicio Andino de Migraciones (SAMI).

Publicado: Viernes 25 de noviembre de 2011 - 46 Año 2011