El momento de hacer efectivos a nivel mundial los derechos económicos, sociales y culturales ha llegado y el impuesto a las transacciones financieras es la manera de hacerlo. Ésta es la principal conclusión del movimiento para integrar los derechos humanos a la regulación financiera que han iniciado un grupo de organizaciones y redes civiles internacionales: Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), Centro de Derechos Económicos y Sociales (CESR), Center of Concern, Civicus, DAWN (feministas del Sur Global), Ibase, Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Social Watch y el Programa de Derechos Sociales y Económicos del Centro Noruego de Derechos Humanos.

La crisis financiera y económica mundial ha desmentido al mito de que el mercado libre automáticamente promoverá un crecimiento económico estable y mejoras en los niveles de vida para todos. La recuperación de los mercados financieros reduce en el corto plazo la presión para un cambio profundo, pero a mediano plazo no hacer frente a las raíces estructurales de la crisis va a generar más malestar social frente a la austeridad y mayor inestabilidad financiera. El movimiento de derechos humanos se enfrenta así a una oportunidad sin precedentes para revisar y revitalizar la lucha por los derechos económicos y sociales, ante la notable incapacidad para proteger los derechos humanos de las políticas económicas predominantes.

El establecimiento de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) sería un paso importante en esa dirección.

El ITF propuesto tiene dos objetivos básicos: En primer lugar, genera recursos. Mediante una pequeñísima tasa sobre los intercambios de bonos, acciones y productos derivados, como contratos de futuros, el ITF produciría entre 50,000 y 250,000 millones de dólares al año, una cantidad que permitiría evitar las medidas de austeridad que están practicando un centenar de países del Norte y del Sur con elevados costos sociales. En segundo lugar, el ITF tiene como objetivo estabilizar los mercados financieros, desalentar la especulación y mitigar la volatilidad de los precios.

Este ITF global es un imperativo de derechos humanos por tres motivos. En primer lugar, los derechos humanos obligan a los gobiernos a que cooperen en la movilización del máximo de los recursos disponibles para prestar servicios sociales, reducir la desigualdad de ingresos y hacer efectivos los derechos económicos y sociales sin discriminación. Los impuestos sobre la renta y el consumo son ampliamente reconocidos como herramientas en tal sentido. El impuesto sobre los productos financieros tiene la misma justificación. Como declaró el financista y filántropo George Soros en 2001, mucho antes de la crisis, “la globalización de los mercados financieros ha dado al capital financiero una ventaja injusta sobre otras fuentes de tributación. Un impuesto sobre las transacciones financieras restablecería el equilibrio. ¿Por qué debería haber un Impuesto al Valor Agregado y no uno sobre las transacciones financieras?”.

En segundo lugar, los gobiernos están obligados a proteger y prevenir a sus gobernados contra violaciones de los derechos humanos por parte de terceros, incluidos los agentes financieros privados, cuya conducta desató la crisis económica mundial. Un impuesto a las transacciones financieras es una herramienta para desincentivar la excesiva toma de riesgos o la especulación, y así mitigar los efectos del colapso del sector financiero o reducir la probabilidad de que ocurra otra vez.

Por último, los derechos humanos implican reparaciones. Las personas cuyos derechos económicos y sociales son vulnerados por las políticas derivadas de las crisis económicas tienen derecho a obtener reparación adecuada, efectiva y proporcional.

Para ser efectivos, los remedios deben conducir a poner fin a las violaciones en curso y asegurar una reparación adecuada, incluyendo, cuando sea necesario, la restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición.

¿Cuál podría ser el remedio efectivo en los caso de violación de los derechos humanos resultantes de las crisis financieras y económicas? La regulación del sector financiero en los países de importancia sistémica sería un paso hacia la garantía de no repetición. Corregir los costos de la crisis con una política fiscal más progresiva y redistributiva a nivel nacional y mundial reflejaría la obligación legal de los gobiernos de asegurar los derechos sociales en forma no discriminatoria y garantizar la reparación a los afectados.

El ITF es una de esas formas de exigir responsabilidad de los culpables de la crisis financiera de 2008 y generar ingresos para contribuir a la reparación efectiva de sus impactos: millones de puestos de trabajo perdidos, socialización de la deuda acumulada por la gran banca privada y, ahora, amenaza de retroceso social por los paquetes de austeridad.

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����O acó, además, que el G-20 está respondiendo con debilidad a la crisis. Ante una situación así, el Sur debe hacerse oír con más fuerza en los asuntos mundiales.

También sostuve una interesante conversación con Marco Aurelio García, principal asesor internacional de la presidenta Dilma Rousseff, como también lo fue de Lula, quien destacó que Brasil está promoviendo un tipo de integración regional basada en la producción, la energía y la infraestructura en lugar de en la liberalización del comercio, que tiende a beneficiar sólo a los países fuertes.

El ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota, tiene el talante de un diplomático modesto y sincero, pero carga el peso de representar a Brasil en la Organización Mundial del Comercio, en las negociaciones sobre el cambio climático y en otras importantes cuestiones de política exterior, como apoyar a la presidenta en las cumbres del G-20. Brasil cree en la cooperación Sur-Sur y se toma muy en serio su papel dentro del BRICS, grupo que forma junto a China, India, Rusia y Sudáfrica, que avanza hacia su formalización como una alianza de grandes países emergentes que actúa como contrapeso de los países desarrollados.

Brasil también ha desarrollado fuertes vínculos con África y, según Patriota, está muy interesado en reforzar las relaciones económicas y políticas con Asia y China en particular, pero también con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20, que tendrá lugar en junio en Río de Janeiro, es un asunto prioritario para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Se espera que al cumplirse el vigésimo aniversario de la Cumbre de la Tierra asistan numerosos líderes políticos y que sirva para dar el impulso que tanto necesita la cooperación multilateral ahora que el mundo hace frente a crisis cada vez más graves, como la económica o la del medio ambiente.

Cuando se celebre la conferencia en junio, la crisis económica mundial habrá adquirido mayores dimensiones y Brasil deberá manejar con habilidad el rumbo de la cumbre para que se mantenga viva la llama del multilateralismo y la cooperación internacional en momentos en los que los países piensan sobre todo en velar por sus propios intereses.

Martin Khor, fundador de la Red del Tercer Mundo, es director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra.

Publicado: Viernes 30 de marzo de 2012 - 59 Año 2012