No es cosa fácil lograr que diplomáticos de ciento noventa y tres países se pongan de acuerdo en apoyar a un mismo documento. Y sin embargo ésta es la práctica usual en las Naciones Unidas. El consenso de las cumbres mundiales suele ser en torno a enunciados poco precisos o con compromisos ambiguos, que reflejan un “mínimo común denominador” de todas las ideologías en el espectro político. Pero el consenso es la única salida viable, ya que imponer una resolución por mayoría es ineficaz.

En la Asamblea General cada país tiene un voto y la inmensa mayoría son de los países en desarrollo, agrupados en el llamado Grupo de los 77, que hoy cuenta con ciento treinta y dos miembros.

Pero cualquier resolución que no sea del agrado de alguna de las grandes potencias va a ser vetada por alguno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China.

En la búsqueda de acuerdos, los diplomáticos ponen entre corchetes aquellas partes sobre las que tienen reservas y que serán borradas o redactadas de otra manera antes de llegar a un documento final.

Hace unos días circuló en Nueva York la última versión del borrador de la declaración que firmarán las presidentas y los presidentes en la Cumbre sobre Desarrollo Sustentable que se realizará en Río de Janeiro del 20 al 22 de junio y, para sorpresa de los observadores e indignación de las ONG, todas las referencias a derechos humanos, derechos de la mujer y derecho al desarrollo

habían sido “encorchetadas”, pese a tratarse todos ellos de derechos ya acordados en las Naciones Unidas y, en muchos casos, parte de las constituciones de los países que ahora no quieren reafirmarlos.

El derecho al agua y el saneamiento, por ejemplo, fue reconocido como un derecho humano en una resolución de las Naciones Unidas de 2010, pero Canadá encabezó la propuesta de borrarlo de la declaración y la Unión Europea la apoyó.

Más de mil organizaciones han sumado su firma a una declaración en la que se denuncia la puesta entre corchetes de todas las “referencias al derecho a la alimentación, al agua y el saneamiento y a un ambiente limpio y sano”. Incluso, agregan, se han puesto entre corchetes a los principios acordados en Río en 1992, el de que quien contamina debe pagar, el precautorio y el que establece responsabilidades comunes pero diferenciadas entre países desarrollados -que han causado el cambio climático- y países en desarrollo.

Estados Unidos ha puesto entre corchetes todas las referencias a la equidad y, si bien apoya las menciones a la igualdad entre los géneros, es el único paísque se opone a la meta de un cuarenta por ciento de mujeres en los cargos de toma de decisión. El Vaticano, que ni siquiera es miembro de las Naciones Unidos sino apenas observador, se opone a mencionar el derecho a la salud sexual y reproductiva y la mayoría de los países ricos quieren evitar que se mencione el derecho al desarrollo, veinticinco años después de consagrado.

En este contexto, veintidós expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos, incluyendo a Olivier De Schutter, relator sobre el derecho a la alimentación, Catarina de Alburquerque, relatora sobre el derecho al acceso al agua potable, y Magdalena Sepúlveda, relatora sobre la extrema pobreza, han firmado una carta donde en términos muy severos recuerdan que “las estrategias basadas en la protección y realización de todos los derechos humanos son vitales para el desarrollo sostenible y la eficacia práctica de nuestras acciones”.

Lo que preocupa a los expertos, más que la reafirmación en el texto de los derechos ya consagrados, es que “existe un riesgo real de que, sin un mecanismo eficaz de supervisión y rendición de cuentas, los compromisos asumidos en Río sigan siendo meras promesas vacías”. Coincidiendo con los reclamos de muchas organizaciones de la sociedad civil, los expertos quieren un doble mecanismo de rendición de cuentas: “En el plano internacional, apoyamos la iniciativa de establecer un Consejo de Desarrollo Sostenible” y recomendamos la creación de un mecanismo basado en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, iniciado en 2007 para proveer una revisión por pares del historial de derechos humanos de todos los ciento noventa y tres Estados miembros de las Naciones Unidas cada cuatro años”. En el plano nacional, “recomendamos la creación de mecanismos participativos de rendición de cuentas que permitan reflejar las opiniones de los ciudadanos y realizar una supervisión independiente”.

Faltando apenas ocho semanas para la Cumbre, es prácticamente imposible que los gobiernos se pongan de acuerdo en cuáles deben ser los objetivos a lograr por la humanidad para salvar el planeta, pero sí es posible, todavía, un “momento constitucional”, similar al del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el que se crearon la Organización de las Naciones Unidas y las instituciones de Bretton Woods. Y toda constitución moderna comienza enunciando derechos y no poniéndolos entre paréntesis.

Publicado: Viernes 20 de abril de 2012 - 62 Año 2012