Río de Janeiro se apresta para el mayor acontecimiento internacional del año: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, conocida como Río+20, en conmemoración de la célebre Cumbre de la Tierra de 1992, que ubicó la crisis ambiental dentro del contexto de la vida política.

El sentido de Río+20 es reafirmar los compromisos políticos realizados entonces y presentar nuevos planes de acción para contrarrestar las crisis, hoy mucho más graves que hace veinte años. Pero las negociaciones para obtener un documento final de la conferencia se empantanaron con nuevos conceptos, en especial la “economía verde”, y ahora parece claro que no habrá grandes avances en la Cumbre.

El primer tema polémico es si se reafirmarán los compromisos políticos asumidos en Río de Janeiro en 1992. Para los países en desarrollo es imprescindible reafirmarlos, en especial las responsabilidades comunes pero diferenciadas. La no aprobación de este principio, según el cual todos los países tienen el deber de actuar pero a los desarrollados les corresponde hacer más en lo ambiental, constituiría un gran retroceso con respecto a la Cumbre de 1992.

El segundo tema es la “economía verde”, definido como prioritario de Río+20. El problema es que no hay una definición internacionalmente acordada de este término. A los países en desarrollo les preocupa que reemplace al “desarrollo sustentable” como paradigma clave del nexo ambiente-desarrollo, lo cual implicaría la pérdida del consenso de Río-92, así como que pueda ser utilizado como fundamento del proteccionismo comercial y de imposición de condicionamientos a la prestación de ayuda.

El tercer tema son los “objetivos del desarrollo sustentable”, que se espera sea uno de los resultados de Río+20.

Los países en desarrollo los han aceptado como concepto y como herramienta operativa. Quieren que los tres pilares -social, económico y ambiental- estén representados de forma equilibrada a la hora de seleccionar los objetivos y les preocupa que la Unión Europea solo haya impulsado objetivos ambientales.

Río+20 iniciará un proceso post Río para decidir acerca de los objetivos y sus detalles, ya que es demasiado tarde para contar con una lista definitiva. Sin embargo, la mayoría de los países desarrollados, en especial la Unión Europea, quiere que algunos objetivos de desarrollo sustentable -en los temas de energía, agua, océanos, tierra- figuren dentro de los objetivos prioritarios, de manera que Río+20 pueda tener algunos resultados tangibles.

Pero el Grupo de los 77 y China no quieren que se mencionen temas individuales porque cualquier lista de objetivos de desarrollo sustentable debe guardar un equilibrio entre los tres pilares y aún no hay acuerdo en cuanto a cómo seleccionar dichos objetivos.

Otro aspecto polémico es quién debería formularlos después de Río. Los países desarrollados pretenden que sea el secretario general de las Naciones Unidas junto con los expertos que éste designe, mientras que el Grupo de los 77 y China considera que deben hacerlo los gobiernos.

Un cuarto tema es el marco institucional para el desarrollo sustentable.

Hay varias propuestas, incluso crear un nuevo Consejo de Desarrollo Sustentable que se reúna regularmente, y un foro de alto nivel político con reuniones ministeriales anuales.

También hay un amplio acuerdo de que el Programa de las Naciones para el Medio Ambiente (PNUMA) debe fortalecerse y recibir mayores recursos, si bien hay diferencias en cuanto a si debería convertirse en un organismo especializado de las Naciones Unidas, como defienden los países europeos y africanos, o conservar su condición de programa pero fortalecido, opción que prefieren la mayoría de los demás países.

Por último está el tema de brindar financiamiento y tecnología a los países en desarrollo. Éstos insisten en que en Río+20 se debería al menos renovar los compromisos originales de brindar nuevos recursos financieros, y hacer esfuerzos por cumplir el objetivo de ayuda de 0,7 por ciento del PNB. Pero algunos países desarrollados -en especial Estados Unidos y Canadá- se resisten aún a ese mínimo.

El Grupo de los 77 y China propuso que los países desarrollados brinden como mínimo 30,000 millones de dólares al año entre 2013 y 2017 y 100,000 millones por año a partir de 2018, y que se cree un fondo para el desarrollo sustentable. Los países desarrollados objetan ambas propuestas.

En materia de transferencia de tecnología, los principales países desarrollados propusieron, en cambio, el término “transferencia voluntaria de tecnología en condiciones mutuamente convenidas”, que implica la venta de equipamiento en condiciones comerciales, lo cual se opone al concepto de transferencia de tecnología.

Se rechazó hasta el lenguaje moderado que procuraba un enfoque balanceado de los derechos de propiedad intelectual, al igual que el concepto de acceso mejorado de los países en desarrollo a tecnologías ambientalmente amigables.

La forma en que se resuelvan todos estos temas determinará el fracaso o no de Río+20.

Martin Khor, fundador de la Red del Tercer Mundo, es director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra.

DESARROLLO

A los países en desarrollo les preocupa que el tèrmino “economía verde” pueda ser utilizado como fundamento del proteccionismo comercial.

Publicado: Viernes 15 de junio de 2012 - 70 Año 2012