El mundo enfrenta una grave crisis ambiental y económica; por eso la cumbre de Río+20 concitó grandes expectativas. Y provocó una gran decepción que los jefes de Estado y de gobierno no pudieran adoptar acciones decisivas en Río de Janeiro.

La sensación era que los discursos, las mesas redondas y las discusiones de los paneles en el gigantesco Río Centro parecían formar parte de un ceremonial para los líderes políticos, mientras se evitaban o postergaban las decisiones drásticas que exigen las crisis.

La cumbre de Río+20 adoptó un documento, “El futuro que queremos”, que no contiene nada nuevo en materia de acciones urgentes. Reafirmó lo que se había acordado hace diez o veinte años e indicó la continuación de las conversaciones en las Naciones Unidas para fortalecer las instituciones, examinar el financiamiento y la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, y establecer nuevos objetivos en materia de desarrollo sustentable.

Pero aunque no hubo avances a la luz de las tareas que habría que emprender con urgencia, tampoco fue el fracaso que muchos anunciaban.

Enfrentados a la posibilidad de un verdadero quiebre, los funcionarios de casi doscientos países lo eludieron elaborando a último momento compromisos plasmados en un texto que acordaron apenas antes de que llegaran los líderes políticos. El multilateralismo en el desarrollo sustentable fue puesto a prueba y sobrevivió un tiempo más.

El documento resultante fue un acuerdo para cumplir al menos lo mínimo como para que la cumbre no zozobrara, dado el deterioro de la cooperación internacional y las duras batallas que los países en desarrollo debieron librar para defender sus posiciones.

Si bien a veces resultó una tarea frustrante y aparentemente sin esperanzas, al final los países en desarrollo prevalecieron en varios temas.

En la sesión de clausura, el 22 de junio, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se refirió al documento resultante como un paso histórico hacia el desarrollo sustentable. No es un límite ni un techo sino un “punto de partida” para implementar un camino hacia el desarrollo sustentable que debe ser ambicioso y servir como legado para las generaciones futuras, afirmó.

La mayor batalla en la última semana de negociaciones fue para lograr que los países desarrollados, en especial Estados Unidos, renovaran los compromisos originales de la histórica Cumbre de la Tierra de 1992. Sin eso, Río+20 hubiera sido un desastre.

Estados Unidos cedió prácticamente el último día. El documento, en su párrafo 15, reafirma ahora los principios de la cumbre de Río de 1992, en especial el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que junto al de equidad fueron “recordados” como base de acción del sistema climático global. Esto representó una victoria para los países en desarrollo, ya que esos dos principios estuvieron llamativamente ausentes en la decisión a la que se arribó en diciembre sobre el inicio de negociaciones en torno a una nueva Plataforma de Durban.

En materia de tecnología, Estados Unidos se negó a reafirmar su compromiso de transferir tecnología a países en desarrollo e insistió en que esto debe ser voluntario y en condiciones mutuamente acordadas. Pero el último día aceptó una redacción que “recordaba” el texto sobre tecnología de la cumbre de Río+10 de Johannesburgo, en especial la transferencia de tecnología en condiciones favorables a los países receptores.

En materia de financiamiento a los países en desarrollo, los países desarrollados diluyeron sus compromisos anteriores y se rehusaron a utilizar los términos usuales de “recursos financieros nuevos y adicionales”. En cambio se hizo referencia a obtener fondos “de una variedad de fuentes” y “nuevas asociaciones”, lo que equivale a una menor importancia (y cuantía) del aporte brindado.

Para salvar el espectáculo se acordó iniciar una discusión en las Naciones Unidas que analizará las opciones de una estrategia de financiamiento del desarrollo sustentable. De manera que se pidió a las Naciones Unidas la preparación de un informe sobre un mecanismo para facilitar la tecnología, que sería luego discutido por la Asamblea General.

Son medidas muy débiles y difícilmente convenzan a los países en desarrollo de que obtendrán los medios (financiamiento y tecnología) para llevar a cabo las nuevas obligaciones sobre ambiente y desarrollo sustentable.

Los países desarrollados no mantuvieron su nivel de compromisos de hace veinte o incluso diez años atrás, mientras que los países en desarrollo hicieron concesiones importantes al aceptar una redacción muy desleída, lo cual constituye su mayor contribución a que Río+20 arrojara algún resultado.

Un nuevo punto es la decisión de establecer objetivos de desarrollo sustentable el año próximo, a través de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas de treinta miembros, que incluirían sus tres aspectos: lo económico, lo social y lo ambiental.

Los países desarrollados -en especial los europeos- expresaron su decepción de que la cumbre de Río+20 no adoptara objetivos ambientales, y los países en desarrollo argumentaron que no hubo tiempo para ponerse de acuerdo en cuáles deberían ser, ya que también habría que incluir objetivos económicos y sociales.

El documento tiene una larga sección sobre la “economía verde”. Los países en desarrollo temían que este concepto reemplazara el de “desarrollo sustentable”, justificara el proteccionismo comercial y se establecieran obligaciones en esta materia a las que tuvieran que adherir todos los países.

Después de una lucha titánica de todo un año, finalmente se acordó que la economía verde sería solo una de las herramientas para alcanzar el desarrollo sustentable, no sería un conjunto rígido de normas y tendría una serie de dieciséis principios que incluyen evitar el proteccionismo comercial y el condicionamiento en materia de ayuda.

También se acordó fortalecer y mejorar el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en especial a través de la composición universal de su Consejo de Administración y de mayor financiamiento. Pero no prosperó la propuesta de convertirlo en un organismo especializado.

La decisión potencialmente más importante de Río+20 fue la de crear un foro político de alto nivel sobre desarrollo sustentable para reemplazar la existente Comisión. El foro proporcionaría liderazgo político, marcaría la agenda y facilitaría un diálogo periódico, consideraría los nuevos problemas relacionados con el desarrollo sustentable, seguiría y examinaría los progresos realizados en el cumplimiento de los compromisos y mejoraría la coordinación en el sistema de las Naciones Unidas.

Si bien en los últimos veinte años se hicieron declaraciones y planes de acción, el mayor problema en este periodo ha sido que las instituciones para llevarlas a cabo han sido muy débiles.

Si el nuevo foro puede tener una agenda amplia, un mandato lo suficientemente fuerte como para actuar, un proceso de discusión y toma de decisiones dinámico, una secretaría poderosa y un gran respaldo político, entonces el modesto documento emergente de la cumbre de Río+20 puede transformarse en un proceso que cambie el mundo.

El éxito de cualquier conferencia está determinado, en última instancia, por la fortaleza de su seguimiento. La Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible puede quedar como una decepción o convertirse en el comienzo de algo nuevo. En ese sentido, Río+20 no ha terminado sino que acaba de comenzar, como declaró la presidenta brasileña en la sesión de clausura.

Martin Khor, fundador de la Red del Tercer Mundo, es director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra.

Publicado: Viernes 29 de junio de 2012 - 72 Año 2012