La mala calidad de la toma de decisiones internacionales se debe en gran parte al déficit democrático. En un sistema en el que hay que “pagar para jugar” los gobiernos de los países más ricos tienen una voz más fuerte, al igual que las instituciones financieras internacionales, los grupos de la sociedad civil de los países desarrollados y los activistas de las zonas urbanas y las comunidades privilegiadas.

Los poderes ejecutivos y los ministerios de finanzas y comercio dominan las discusiones multilaterales en todos los foros económicos importantes. Esto limita las contribuciones potencialmente valiosas de otros ministerios, legislaturas, gobiernos locales o representantes de los directamente afectados por las decisiones a tomar.

Además, el sistema multilateral tiene un pobre historial de cumplimiento de los compromisos internacionales de derechos humanos y desarrollo sostenible. Las inconsistencias y contradicciones incluyen el supuesto tácito de que los países menos poderosos tienen una carga mayor que los más poderosos para poner en práctica lo que se ha decidido, y su performance sufre un control mucho mayor que la de los Estados más poderosos.

Los países pobres y de ingresos medios enfrentan limitaciones en el espacio político del que disponen para tomar decisiones sobre su propio desarrollo sostenible. A menudo se les reclama que den prioridad a atraer a corto plazo flujos de inversión extranjera en desmedro de las industrias nacionales que en el largo plazo pueden proporcionar empleos decentes y una base fiscal más sólida. Se les pide que compren tecnología o contraten expertos de empresas extranjeras en lugar de construir capacidades para desarrollar o producir por su propia cuenta.

El progreso escaso en el desarrollo sostenible también se deriva de las limitaciones de los compromisos multilaterales, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Estos objetivos, que son una especie de mínimo común denominador para el desarrollo, se orientan principalmente hacia mejorar servicios para lograr un conjunto de metas e indicadores, pero no a reconfigurar los sistemas asimétricos de producción y consumo que generan las deficiencias en estos servicios.

Los ODM tienen metas e indicadores para la reducción de la pobreza, pero no para las “alianzas mundiales” (global partnerships) que se supone deberían ayudar a lograr estos objetivos. La ayuda internacional al desarrollo tiene un objetivo de larga data acordado internacionalmente en cuanto a su cantidad, pero esto nunca se ha logrado, y no hay metas trazadas sobre los problemas de calidad, tales como la ayuda vinculada a la compra de bienes o servicios en los países donantes. Aproximadamente la mitad de la asistencia bilateral de los miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) nunca llega a los países del Sur. Menos de un tercio de la asistencia oficial para el desarrollo pasa por el sistema multilateral.

La mayor parte de los recursos del sistema multilateral pasa por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que continúan proponiendo modelos económicos no sustentables. Por ejemplo, casi la mitad de los préstamos del Banco Mundial en materia de energía son para combustibles fósiles, no renovables y perjudiciales para el clima.

La Organización Mundial de Comercio (OMC) sigue priorizando en sus negociaciones a la liberalización, incluso cuando ésta entra en conflicto con consideraciones de desarrollo sostenible, tales como el empleo pleno y decente, la seguridad alimentaria y el uso equilibrado de los recursos ambientales. Las Naciones Unidas, que produjo los compromisos con el desarrollo sostenible, se ha convertido en un lugar para supervisar y discutir esos temas, pero carece de los recursos o el peso político para avanzar en la implementación de lo que acordó.

Las lagunas en los marcos institucionales y legales alimentan la insostenibilidad y las regresiones de los derechos humanos. Todavía no hay marco legal para que un país reestructure su deuda, por ejemplo, a pesar de que esto sería fundamental para el presupuesto público. La reestructuración de la deuda para los países en desarrollo sigue siendo moderada por el Club de París, un grupo informal de diecinueve países ricos que opera fuera del sistema multilateral, sin rendir cuentas más que a sus miembros y sin criterios sobre créditos multilaterales responsables. No hay cooperación internacional en temas de impuestos que permitan acabar con la “carrera hacia abajo” con reducciones de impuestos para competir por la inversión extranjera.

A pesar de la crisis financiera global, no hay ningún avance serio hacia la creación de un nuevo sistema de reservas internacionales, necesario para prevenir futuras crisis financieras derivadas de los desequilibrios y asimetrías globales entre países con superávit comercial y países con déficit. Muchas de las actividades comerciales transnacionales ocurren libres de impuestos y no reglamentadas ya sea por leyes nacionales o internacionales.

Barbara Adams es economista, investigadora del Global Policy Forum y miembro del Comité Coordinador de Social Watch. Gretchen Luchsinger es periodista especializada en temas de género y desarrollo.

Este es un extractado del capítulo 2 del libro Reclaiming multilateralism: for people, rights and sustainable development (La recuperación del multilateralismo: para las personas, los derechos y el desarrollo sostenible), publicado en junio de 2012 por el Servicio de Enlace de las Naciones Unidas.

Publicado: Viernes 29 de junio de 2012 - 72 Año 2012