El 18 de setiembre, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo votó a favor de la introducción de obligaciones de transparencia por parte de las multinacionales europeas que explotan recursos naturales en el mundo. Ahora sólo falta un acuerdo entre el Consejo Europeo y el Parlamento para que comience a funcionar en Europa lo que ya es efectivo en Estados Unidos desde hace un par de semanas: cualquier pago de más de 100,000 dólares (u 80,000 euros) a un gobierno por parte de una empresa forestal, minera o petrolera debe ser declarado públicamente, especificando país y proyecto correspondiente.

Los parlamentarios europeos quieren normas similares también para la banca, las telecomunicaciones y otros servicios esenciales, pero para sancionar una norma europea se requiere la anuencia entre el Parlamento y la Comisión Europea, donde están representados los poderes ejecutivos de cada estado miembro y cuya visión de la transparencia es mucho más limitada. La Comisión quiere informes por país y por empresa, pero no necesariamente por cada proyecto -o sea cada mina y cada yacimiento petrolero-, algo que la campaña “Publiquen Lo Que Pagan (PLQP)” considera esencial para que los ciudadanos puedan pedir cuentas sobre los recursos de su propia comunidad.

La entrada en vigor de la ley estadounidense Dodd-Frank y la votación en el Parlamento Europeo representan “una esperanza para mil quinientos millones de personas que viven en la pobreza extrema en países ricos en recursos naturales”, dijeron los voceros de la coalición PLQP, una red de organizaciones de la sociedad civil que apoya la transparencia. A su juicio, medidas similares se extenderán ahora a todo el mundo “como aceite sobre el agua”.

El principal argumento de las empresas mineras contra la ley ha sido el “efecto perjudicial” que ésta tendría sobre “la competitividad global de las compañías de Estados Unidos”, según carta del vicepresidente de Exxon, Patrick Mulva, a la Securities and Exchange Commission, encargada de aplicar esta regla a toda empresa que cotice en las bolsas norteamericanas. El temor es que empresas chinas, rusas, indias o brasileñas desplacen a las estadounidenses en países donde las autoridades obtienen jugosas ganancias ilícitas de su connivencia con las industrias extractivas.

En 2009, por ejemplo, una auditoría realizada por la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas, una asociación voluntaria de empresas del sector, demostró que 560 millones de dólares pagados por empresas mineras por concepto de royalties e impuestos en Nigeria nunca llegaron a las arcas del Estado. Con ese dinero se podría haber financiado la escolaridad, uniformes y libros de cuatro millones de niños.

La publicación de estos resultados no hizo que el dinero malversado apareciera, pero en un país con suficiente libertad de prensa, el escándalo ha llevado el tema de la corrupción al primer plano de la política nigeriana.

“El Niño Dios te escrituró un establo / y los veneros de petróleo el diablo” escribía en 1921 el mexicano Ramón López Velarde en su poema “Suave Patria”. La maldición de los minerales, su condición de legado del diablo, es un tema recurrente en las discusiones sobre las causas del subdesarrollo. La paradoja de la pobreza asociada a la riqueza natural es flagrante en África.

En 2008, las exportaciones africanas de petróleo, gas y minerales representaron nueve veces la asistencia oficial al desarrollo para el continente (393.000 millones de dólares frente a 44,000 millones), según informa una investigación de la asociación Eurodad. Sin embargo, la población local no ve los beneficios en la mayoría de los casos. En la República Democrática del Congo, las exportaciones de minerales se estiman en mil millones de dólares, pero en 2006 las autoridades solo recibieron 86,000 dólares de ingresos fiscales de la minería. En 2008, apenas la mitad de las empresas mineras en Zambia han pagado algún impuesto.

Las exoneraciones impositivas, aunque legales, pueden ser tan escandalosas como los sobornos, y la publicación de los datos alentará el debate político, sostiene PLQP.

El caso de Chad es dramático. Este país de once millones de habitantes estaba entre los más pobres del mundo en el año 2000, ocupando el lugar 167, sobre 174 países catalogados en el Indice de Desarrollo Humano. En 2006, gracias a un gran oleoducto proyectado por el Banco Mundial, ExxonMobil, Chevron y Petronas comenzaron a exportar petróleo chadiano. Miles de millones de dólares después, en 2010, Chad estaba en el lugar 183 entre 187 países y jamás se supo cuánto exportaron las petroleras o cuánto se enriqueció el autócrata de turno. “No somos la Cruz Roja”, dijo un ejecutivo de ExxonMobil a la egencia de noticias Bloomberg como único comentario sobre su actuación en ese país africano.

Pero no es preciso ser un activista humanitario para querer combatir los excesos de la industria extractiva. “La maldición de los recursos también es una maldición para Estados Unidos”, escribió en 2008 el senador republicano Dick Lugar, ya que “empeora la pobreza global, que es un caldo de cultivo para el terrorismo, empodera a autócratas y dictadores, y puede estrangular el suministro de petróleo incubando inestabilidad”.

Publicado: Viernes 28 de setiembre de 2012 - 85 Año 2012