La reunión comenzó el miércoles 10 de abril con una cena privada en el restorán Nora, ubicado en la avenida Florida a menos de una milla de la Casa Blanca, que se promociona como el primero de Estados Unidos en ofrecer comida certificadamente orgánica. Lo cual es muy coherente con el objetivo del ágape, convocado por Todd Stern, el principal negociador estadounidense sobre clima, que era el debatir cómo movilizar finanzas para combatir el calentamiento global.

Aunque en realidad tal vez no. “De lo que se trata es de usar el clima como excusa para hacer nuevos regalos millonarios a los bancos”, acusaron Janet Redman y Antonio Tricarico, investigadores del Institute for Policy Studies de Estados Unidos y de New Public Finances de Italia.

Lo cierto es que el banquete hubiera sido secreto si Redman y Tricarico no hubieran filtrado a la prensa su agenda. Y cuando al otro día diplomáticos y empresarios comenzaron a llegar al Hotel Palomar, en la calle P de la capital norteamericana, para continuar la conversación iniciada en el Nora, fueron recibidos por los gritos de un grupo colorido de manifestantes, disfrazados de osos polares y de arqueros medievales, que reclamaban un “impuesto Robin Hood” en vez de “nuevos regalos a los banqueros de Wall Street”.

Adentro, ministros y altos funcionarios de Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Francia, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, el Reino Unido, Suiza y la Unión Europea se reunieron con delegados del Departamento de Estado (diplomacia), del Tesoro (finanzas) y de Seguridad Nacional del país anfitrión, al menos una vicepresidenta del Banco Mundial y poderosos empresarios, tales como Carlos Domenech, presidente de SunEdison, Matt Arnold, director de temas ambientales de J.P. Morgan Chase, y Abyd Karmali, director de Mercados del Carbón de Bank of America/Merrill Lynch.

SunEdison es el mayor proveedor de Estados Unidos de energía solar y sus actividades reciben tantos subsidios del gobierno que, a juicio de su fundador, Jigar Shah, “ya no puede competir con sus pares de Alemania o China”. J.P. Morgan Chase es el mayor banco norteamericano. Su presidente, Jamie Dimon, admitió el año pasado haber perdido más de 4,000 millones de dólares por lo que calificó como “estrategias equivocadas, complicadas, mal supervisadas, mal ejecutadas y mal revisadas”. Bank of America/Merril Lynch, que hasta 1922 se llamaba Bank of Italy, es el segundo mayor banco de Estados Unidos y sus problemas son tan serios que está ejecutando un plan para despedir treinta y seis mil trabajadores entre 2012 y 2014. En 2010, el Bank of America pagó 135 millones de dólares de multa por haber defraudado a escuelas, hospitales y municipios que le confiaron sus ahorros y desde 2012 es investigado por un fraude de mil millones de dólares al Estado, al que vendió hipotecas sabidamente “tóxicas”.

Pero lo que se discutió en el Hotel Palomar no fue la inconducta de estas empresas. Un breve comunicado de prensa final de Todd Stern explicó que “la reunión buscó llegar a un entendimiento común sobre cómo usar fondos públicos para apalancar inversiones privadas importantes en infraestructura de bajo (consumo de) carbón y adaptación (al cambio climático) en países en desarrollo”.

Lo que sucede es que en 2009 los países desarrollados se comprometieron, durante la cumbre del clima de Copenhague, a movilizar 100,000 millones de dólares al año para ayudar a los países pobres a protegerse de los impactos del cambio climático (o sea, “adaptación”) y a desarrollar sistemas energéticos de bajo consumo de carbón (o sea, “mitigación”). Los países ricos han modificado el clima con sus emisiones de carbón, pero son los pobres quienes más sufren las consecuencias. Sin embargo, como explica la periodista especializada Lisa Friedman, de ClimateWire, “la crisis económica en Europa y las incertidumbres presupuestales en Estados Unidos hacen poco probable que la mayoría de estos fondos vengan de los arcas públicas”.

Grupos ambientalistas como “Amigos de la Tierra” sostienen que los países ricos quieren “escapar de sus obligaciones” y argumentan que el dinero podría obtenerse con un pequeño impuesto a las transacciones financieras.

Stern argumenta que “se necesitan ambos tipos de finanzas, públicas y privadas”, para llegar a los cien billones prometidos. Sin embargo, según Redman y Tricarico, el “apalancamiento” quiere decir que “los países darán garantías y subsidios generosos a firmas privadas, que se embolsarán los beneficios y dejarán a los gobiernos (y a los contribuyentes que estos representan) la carga de las pérdidas si sus apuestas fracasan. Los países ricos alegarán que han movilizado billones en nuevas inversiones, cuando en realidad muchas de estas se realizarían de todas maneras y, además, los megaproyectos que suelen acaparar este tipo de fondos son los que menos beneficios reales proporcionan en términos de desarrollo sustentable”.

Dados los antecedentes de los socios potenciales, osos y arqueros merecen ser escuchados.

Publicado: Viernes 19 de abril de 2013 - No. 110 - Año 2013