El Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica (INBio), una fundación privada que ha sido presentada tradicionalmente como un exitoso caso de bioprospección, se encuentra en medio de una grave crisis financiera y organizativa. Ya no puede pagar los gastos de mantenimiento de sus colecciones, compuestas de más de tres millones y medio de muestras de la biodiversidad de este país centroamericano, según informó el diario La Nación de San José.

El INBio, fundado hace veintitrés años, entregará las muestras y varios otros activos, incluidos terrenos y edificios, al gobierno de ese país centroamericano, en un proceso que su director, Carlos Hernández, califica de “expropiación de mutuo acuerdo”. En forma paralela a la expropiación, el INBio ha lanzado un llamamiento a que se hagan donaciones públicas que le permitan continuar pagando los sueldos del personal y haciendo frente a otros gastos.

En la década del noventa, el INBio ganó fama internacional como modelo de bioprospección en países en desarrollo. (Ver recuadro.) En 1991, firmó un acuerdo de bioprospección con Merck, una de las empresas líderes en productos farmacéuticos innovadores, para explotar en forma conjunta la biodiversidad de Costa Rica en busca de nuevos medicamentos. Las empresas y algunas organizaciones ambientalistas grandes elogiaron el acuerdo, calificando los esfuerzos por comercializar la diversidad biológica y obtener ingresos por regalías de los productos patentados como la tendencia del futuro en materia de conservación de la biodiversidad. Esto atrajo una gran atención sobre el INBio en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 y en el curso del trabajo posterior en torno a la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica.

Sin embargo, las actividades de bioprospección del INBio con Merck y otras empresas no lograron producir suficientes ingresos como para apoyar sus propias operaciones, y mucho menos obtener recursos para objetivos de conservación más amplios. Continuó dependiendo de la ayuda exterior, que alcanzó un máximo de cuatro millones de dólares en 1999 y se vio reducida a apenas 79,000 dólares en 2007.

Hoy, el presupuesto anual del INBio, que según se informa está cercano a los 300,000 dólares, no es suficiente para mantener sus operaciones. Se estima que el mantenimiento de las colecciones e instalaciones que se entregaron cuesta anualmente 1,2 millones de dólares. Los Ministerios de Medio Ambiente y Agricultura de Costa Rica asumirán la responsabilidad.

Hasta el momento, el fracaso financiero del INBio y el abandono de sus colecciones de biodiversidad han concitado escasa atención internacional. Pero dentro del país centroamericano la crítica es severa. En una columna de opinión publicada el 17 de abril en el diario La Nación, la ex directora general del Museo Nacional de Costa Rica Melania Ortiz Volio criticó duramente al INBio y las políticas que rodearon su creación y funcionamiento, llamando la atención sobre la ironía de que la institución pretendiera que el gobierno la rescatara, después de haber luchado durante años para que las instituciones oficiales fueran despojadas de toda responsabilidad en materia de biodiversidad.

“En 1989 se trasladaron las colecciones centenarias de historia natural (algunas de las cuales eran de la década de 1880) de su sede del Museo Nacional de Costa Rica al naciente INBio, por anuencia del gobierno de entonces”, dice Ortiz Volio, y pretendía también obtener las de la Universidad de Costa Rica para “reunir en un solo lugar las colecciones de historia natural del país bajo el argumento de que el Estado no era capaz de mantenerlas en las condiciones apropiadas”.

El INBio finalmente devolvió las colecciones del Museo Nacional de Costa Rica en 1991 después de haberlas evaluado, pero el gobierno en general adhirió a sus argumentos en cuanto a que una fundación privada que trabaje con la industria farmacéutica está en mejores condiciones que las instituciones estatales para liderar la investigación en materia de biodiversidad.

Ortiz Volio reconoce que el depósito de muestras del INBio ampliará el número de elementos de las colecciones nacionales, en particular de insectos. Sin embargo, también señala que la colección de muestras rápida y de carácter comercial de la institución careció de rigor científico y previsión. La colecta y custodia de las muestras de biodiversidad del Museo Nacional, dice su ex directora general, han sido más metódicas y mejor planeadas y documentadas.

“Increíble la irresponsabilidad, como lo fue la prepotencia inicial, de que dos décadas después, en quiebra, entregan todo y que el Estado pague”, concluye Ortiz Volio. “Por lo visto, lo que buscaban era fama, medallas y premios y, de paso, impresionar a muchos incautos. Y como si fuera poco, el gobierno acepta, como si nada. Lo demás no importa”.

El gobierno de Costa Rica está tratando de hacer buena letra ante la situación y sugiere que la misión del INBio no se refería tanto a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad, o incluso a tener colecciones, sino más bien al desarrollo de la biotecnología. El ministro de Medio Ambiente, René Castro, dijo a La Nación que “el Estado toma aquello que ya no es novedoso y que le toca por ley asumir, y el INBio mantiene la parte innovadora y de punta que tardaríamos décadas en desarrollar”.

Castro hace referencia a la Ley de Biodiversidad de Costa Rica de 1998, que declara la biodiversidad del país como patrimonio nacional, por lo que su protección es de responsabilidad del Estado.

La posición actual del gobierno, sin embargo, no se ajusta al papel previamente asignado al INBio o, de hecho, a su propia declaración sobre su misión, en tiempos mejores, cuando manifestó que se dedicaba a la conservación de la biodiversidad del país facilitándola como recurso… bajo el supuesto de que una sociedad tropical en desarrollo podrá conservar una parte importante de su biodiversidad solo si esa área puede generar suficientes ingresos intelectuales y económicos para pagar su mantenimiento y también contribuir a la economía nacional.

A pesar de los acuerdos de bioprospección con Merck y otras empresas, los ingresos del INBio por concepto de propiedad intelectual y otros ingresos derivados de la biodiversidad no lograron que la institución fuera económicamente autosuficiente. Mucho menos que generara fondos importantes a partir de fuentes comerciales por la conservación in situ de la biodiversidad del país.

Admitiendo que la visión institucional se quedó corta, el presidente de la Junta Directiva del INBio, Rodrigo Gámez, quien durante la 11ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica celebrada en octubre de 2012 en Hyderabad (India) fue galardonado con el premio Midori, dio a entender que la institución está fuera de los negocios derivados de la conservación y gestión de la biodiversidad. Afirmó que “el futuro del INBio será del tamaño que sea su cerebro” y reconoció que necesita “una visión mucho más amplia que la que hemos desarrollado hasta ahora”.

El INBio espera que la indemnización pagada por el gobierno por la tierra y otros activos le permita sobrevivir. Y Hernández, su director, hace un pedido público: “Necesitamos que toda la gente que cree o ha creído en el INBio o se ha beneficiado de su sitio web para hacer tareas, nos den su donación”.

Edward Hammond es Director de la consultora Prickly Research (www.pricklyresearch.com) con sede en Austin, Texas, y asesor de Third World Network (TWN) en temas de biodiversidad, bioseguridad y propiedad intelectual.

Publicado: Viernes 3 de mayo de 2013 - No. 112 - Año 2013