Tratando de ponerse a tono con su anuncio de priorizar el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, el Poder Ejecutivo (de Perú) viene impulsando este año la aprobación de la Estrategia y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional a través de una Comisión Multisectorial, que debe culminar su trabajo este 20 de junio.

Igualmente, al reiniciarse la presente legislatura, las comisiones Agraria y de Inclusión Social decidieron promover una ley del Derecho a la Alimentación, Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional en base a la unificación de diez iniciativas legislativas y con múltiples aportes de organizaciones de la sociedad civil y sectores públicos.

El proceso de aprobación de estos instrumentos aún no culmina y ha sido el terreno de tensiones dentro del propio gobierno, así como de presiones de sectores económicos y sociales interesados en defender sus actuales posiciones.

En relación a la propuesta de ley, es un avance que establezca las orientaciones principales para la actuación conjunta de la sociedad y el Estado, y que defina la implementación de un sistema nacional para su gestión -reconociendo el rol de los distintos actores públicos y no públicos-, así como las responsabilidades del gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales, además de criterios para la transparencia y la rendición de cuentas, incluyendo un informe anual al Congreso sobre la situación de la seguridad alimentaria en el país y los avances en el cumplimiento de las metas de la Estrategia en cada nivel territorial.

Del mismo modo, ha sido importante aprobar una orientación de soberanía alimentaria propia que reconoce la necesidad de fomentar y preservar la producción nacional alimentaria y sus potencialidades relacionadas con nuestra rica biodiversidad, nuestras culturas y el aporte de la agricultura familiar.

Sin embargo, existen preocupaciones respecto a la solidez de estos instrumentos. En primer lugar está la integralidad que requiere la política para su cumplimiento, pues más allá de coordinaciones urgen intervenciones articuladas y sinérgicas en distintos ámbitos para poder realizarla. Solo son visibles decisiones parciales sobre producción de alimentos, distribución, servicios, normas para la actuación estatal, quedando aún pendientes aspectos claves como la transformación, la agroindustria, la cultura alimentaria y nutricional, las compras estatales. Asimismo, porque éstos no pueden ser instrumentos que solo miren la actuación del Estado, y más aún de las instancias nacionales, pues ellas no ejecutan las políticas directamente, sino que son de responsabilidad regional y local.

También hay inquietud en cuanto al enfoque participativo que demanda esta política, pues aún existen dudas de algunos sectores estatales para incluir a los múltiples actores de la sociedad civil en sus decisiones por sus temores a ser observados y supervisados luego, olvidando que más allá de los derechos políticos que otorga la participación ciudadana, es clave establecer acuerdos con los actores cotidianos de la actividad alimentaria, pues de lo contrario será poco sostenible.

Aparte, preocupa la poca coordinación que han establecido los sectores públicos que lideran estas iniciativas, que podría llevar a que estos instrumentos se aprueben formalmente pero que nazcan bastante debilitados para lograr su implementación. A eso se suma la poca sinergia que existe en torno a otras importantes iniciativas en marcha, como la reciente ley contra la “comida chatarra” o el programa alimentario Qali Warma.

A pesar de todo, nos parece importante que estos procesos puedan culminar de la mejor manera para avanzar hacia instrumentos que permitan el cumplimiento de la política sobre seguridad alimentaria. Consideramos que en el camino pueden mejorarse, recogiendo los consensos de largo plazo de la política de Estado sobre seguridad alimentaria del Acuerdo Nacional, la experiencia de la anterior Estrategia Nacional y las múltiples experiencias regionales y locales que existen.

Alejandro Laos Fernández, especialista en desarrollo agrario.

Publicado: 21 de junio de 2013 - No. 119 - Año 2013