¿Las grandes empresas utilizan los acuerdos de comercio e inversión para impugnar las políticas de salud? Todo indica que sí. El debate actual sobre el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) en Malasia, país anfitrión de la próxima ronda de negociaciones (ver recuadro), es parte de la discusión mundial acerca de cómo estos tratados afectan la salud, en especial el acceso a los medicamentos y el control del tabaquismo.

El tema se planteó la semana pasada en el parlamento de Malasia, cuando el ministro de Comercio Exterior e Industria, Mustapha Mohamed, declaró que su gobierno no permitirá que el TPP provoque el aumento de los precios de los medicamentos genéricos. Añadió que defenderá las políticas existentes en materia de patentes y medicamentos, y que si no está de acuerdo con algunos de los términos, puede optar por no firmarlo.

Los tratados comerciales y los problemas de salud se vinculan porque algunas empresas que venden tabaco, medicamentos y alimentos utilizan esos acuerdos para demandar a los países que aprueban nuevas regulaciones para proteger la salud pública.

La directora general de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, advirtió que los intereses corporativos están poniendo obstáculos a las medidas de protección de la salud. El costo del tratamiento de las enfermedades no transmisibles se está disparando, los casos avanzados de cáncer resultan extremadamente costosos y algunos países gastan el quince por ciento de su presupuesto de salud en el tratamiento de la diabetes.

“En el mundo en desarrollo, el costo de esas enfermedades puede neutralizar fácilmente los beneficios económicos”, declaró Chan. Resulta muy difícil lograr que la gente adopte estilos de vida saludables porque supone enfrentarse a “fuerzas hostiles” y los esfuerzos para prevenir las enfermedades no transmisibles entran en contradicción con los intereses empresariales.

Ya no se trata solo de las grandes tabacaleras. La salud pública también debe lidiar con las grandes empresas de las cadenas alimenticias, de refrescos y bebidas alcohólicas. “Todas estas industrias temen cualquier tipo de regulación y se protegen utilizando las mismas tácticas”, explicó Chan. Algunas de estas tácticas consisten en crear “grupos de fachada, grupos de presión”, hacer “promesas de autorregulación”, entablar “demandas legales” e impulsar “investigaciones financiadas por la industria, que confunden y crean dudas en la opinión pública”.

Numerosos estudios muestran cómo los acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea han implicado el aumento de precios de los medicamentos, debido a las restricciones impuestas por las estrictas normas de patentes de estos tratados a la venta de medicamentos genéricos más baratos. Los pacientes han debido cambiarlos por medicamentos de marca más costosos. Colombia, por ejemplo, para 2030 tendría que gastar 1,500 millones de dólares adicionales por año en medicamentos o, de lo contrario, la población debería reducir su consumo en un cuarenta y cuatro por ciento.

Las normas sobre “exclusividad de datos” de los tratados de libre comercio han retrasado la introducción de versiones genéricas más baratas de un setenta y nueve por ciento de los medicamentos producidos por veintiuna empresas farmacéuticas transnacionales entre 2002 y mediados de 2006. En última instancia, el aumento de los precios pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los programas de salud gubernamentales.

La industria tabacalera también está utilizando los acuerdos comerciales y de inversión para objetar las medidas fiscales de control del tabaquismo. Según Mathew Porterfield, del Centro Jurídico de la Universidad de Georgetown, Philip Morris pidió al gobierno de Estados Unidos que utilizara el TPP para limitar las restricciones a la comercialización del tabaco. En comentarios presentados a la Oficina del Representante de Comercio, la empresa alegó que las regulaciones de Australia sobre el empaquetado simple serían “equivalentes a la expropiación” de sus derechos de propiedad intelectual y se quejó de las amplias facultades delegadas al Ministerio de Salud de Singapur para restringir la comercialización de tabaco.

Para hacer frente a estas “excesivas propuestas legislativas”, Philip Morris instó al Representante de Comercio de Estados Unidos que reclame una fuerte protección de la propiedad intelectual en el TPP, así como la inclusión del mecanismo de solución de diferencias entre inversor y Estado.

La empresa tabacalera ha iniciado procesos judiciales contra Uruguay y Australia reclamando que los cigarrillos tengan un “empaquetado simple” (sin las advertencias que en el caso de Uruguay deben ocupar el ochenta por ciento de la caja) y que incluyan los nombres y logotipos de las empresas (en el caso de Australia, todos los cigarrillos deben tener el mismo empaque).

Estos casos están dentro del marco de los acuerdos bilaterales de inversión. Philip Morris sostiene que las regulaciones sobre el empaquetado de cigarrillos violan su derecho a utilizar su marca y también el principio de “trato justo y equitativo”. Alega que cualquier cambio en las regulaciones gubernamentales que afecte sus beneficios y propiedades constituye una “expropiación”, por la cual debe ser indemnizada.

Amparados en estos acuerdos, las empresas han demandado a los gobiernos por miles de millones de dólares.

Las disposiciones de los tratados bilaterales de inversión también están presentes en acuerdos comerciales como el TPP. Las empresas pueden demandar directamente a los gobiernos en un tribunal internacional, en virtud de un mecanismo de solución de diferencias entre inversor y Estado. Después de la demanda de Philip Morris, Australia decidió no aceptar más acuerdos que contengan este mecanismo. En las negociaciones del TPP, el gobierno australiano pidió la exención del mismo, pero hasta el momento no se le ha concedido.

Las diferencias sobre cómo amenazan los acuerdos comerciales y de inversión las políticas de salud no desaparecerán porque las normas siguen en vigor y surgen nuevos tratados como el TPP. Una simple búsqueda de este tema en Google arrojará miles de documentos y su número seguirá aumentando en la medida que la controversia continúe.

Martin Khor, fundador de la Red del Tercer Mundo y director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra.

Publicado: 5 de julio de 2013 - No. 121 - Año 2013