El presidente Barack Obama aprobó la legislación que permite a las compañías de seguros renovar las pólizas individuales y vender otras similares a nuevos asegurados el próximo año, aun cuando la cobertura  no provea todos los beneficios que la nueva ley de seguridad social establece.

El presidente dejó sin piso a sus partidarios en el parlamento. Había dicho que el noventa y cinco por ciento de norteamericanos asegurados que están cubiertos por seguros provistos por uniones de empleadores, Medicare o Medicaid mantendrían sus beneficios. El cinco por ciento restante sería cubierto por planes comprados en el mercado de pólizas individuales similares a lo existente en marzo del 2010, aunque esas pólizas no fuesen tan buenas como lo que se puede conseguir en el mercado de seguros.

La solución temporal permite a las aseguradoras restablecer las pólizas individuales canceladas, durante un año o dos, en vez de expirar a finales de 2013. Pero esta opción sólo se aplicaría a personas que cancelen sus pólizas actuales y pierdan los beneficios que tenían.

Según el New York Times, los representantes demócratas ven peligrar su reelección porque sus electores que ya tienen seguro están indignados. Estas personas deberán pagar más si quieren mantener sus beneficios. Las aseguradoras se aprovecharán de la ley: podrán dejar sin efecto las antiguas pólizas con derechos adquiridos por los asegurados si éstos no pagan lo que se les exija.

Los estándares fijados por la ley son menores que los beneficios que tienen miles de asegurados que ahora deberán disminuir su cobertura para permitir la incorporación de quienes no tienen seguro. O deberán pagar más. El presidente había prometido repetidamente que eso no sucedería.

El New York Times afirma que, en la práctica, son WellPoint, Aetna, Cigna, Humana, Kaiser Permanente, Blue Cross, más una docena de compañías aseguradoras presididas por Karen Ignagni, presidente de America’s Health Insurance Plans, las que mandan. Quieren pólizas con menos beneficios y, por supuesto, las mayores utilidades.

Lo que los aseguradores quieren es enrolar a sus clientes directamente, en vez de pasar por la ley y les desagrada no haber sido consultados antes del anuncio presidencial sobre problemas que, según ellos, son críticos para la viabilidad financiera del nuevo mercado de seguros creado por la Ley.

La propuesta de la Casa Blanca de permitir que bajen los estándares afectará a diez millones de personas que ya tienen pólizas individuales. En 2014 quedarán fuera de los estándares fijados por la Ley porque tienen más beneficios. ¿Deberán renunciar a ellos teniendo derechos adquiridos? Eso causaría a partir de 2015 la elevación de los precios que los asegurados han estado pagando, debido a que tienen más beneficios.

Ahora las compañías quieren que sean los asegurados jóvenes o saludables los que elijan tener pólizas más baratas con menos beneficios lo que, en la práctica, los reducirá a unos seguros de segunda clase. Eso sería por ahora. Pero ¿qué pasaría si enferman o si a medida que envejezcan tienen que afrontar mayores riesgos? Los aseguradores quieren balancear gente barata y cara, saludable y riesgosa, en paquetes parecidos a los que ya se vieron con las hipotecas basura que causaron la crisis inmobiliaria del 2008. La ley del mercado pone los intereses de las aseguradoras antes que los de los asegurados. Jay Carney, vocero de la Casa Blanca, ha sugerido que sean los aseguradores quienes asesoren a sus clientes, con lo que el Estado renuncia en la práctica a su rol regulador.

Mientras la Casa Blanca y las compañías negocian, los asegurados esperan y no saben si renovarán sus viejas pólizas. Los gobiernos estaduales, tradicionalmente opuestos a la menor idea de seguridad social, ganan poder porque son quienes deberán decidir si permiten las nuevas pólizas o no.

Quedan planteadas una serie de preguntas inquietantes. De hecho, va emergiendo una ciudadanía de segunda clase con seguros de segunda clase.

Héctor Béjar
www.hectorbejar.com

Publicado: 22 de noviembre de 2013 - No. 141 - Año 2013