Las Naciones Unidas han comenzado la discusión de una nueva agenda para el desarrollo que priorizará la lucha contra el hambre y la pobreza. El Banco Mundial ya ha definido como meta la erradicación de la “pobreza absoluta” (por debajo de un 1.25 dólares por día) antes de 2030. Casi la mitad de los pobres del mundo así definidos viven en la India y la mayoría de estas personas son mujeres rurales.

El gobierno indio, tomando como modelo las experiencias exitosas de los países desarrollados que erradicaron la pobreza rural, ha decidido enfrentar el problema con dos medidas ampliamente utilizadas por éstos: formar reservas de alimentos comprando lo producido por los campesinos pobres con precios de apoyo, con lo cual reduce sus riesgos y aumenta sus ingresos, y distribuir alimentos a precios subsidiados a las familias en situación de pobreza, lo cual tiene un impacto inmediato sobre indicadores sociales clave como la mortalidad infantil.

Dicho de otra manera, cientos de miles de niños son salvados de morir de hambre o sufrir toda su vida las secuelas de la malnutrición en la infancia, que incluyen entre otras un crecimiento físico disminuido, trabas al desarrollo cerebral y pobre desempeño escolar, que luego se traducirán en pésimas condiciones para el trabajo y la vida social.

Pero en vez de celebrar a la India en su empeño contra el hambre y la pobreza, las economías avanzadas la amenazan con denunciarla ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por violar los acuerdos sobre agricultura que prohíben nuevos subsidios o un aumento de los existentes. El apoyo a los campesinos pobres crearía “trabas al comercio” por su potencial competencia con los alimentos que la India importa.

Cuando la OMC fue creada, al final de la Ronda Uruguay en 1995, la India era tan pobre que ni podía pensar en subsidios, pero desde entonces su economía ha estado creciendo a un ritmo de siete por ciento al año, y si bien apenas si se ubica en el nivel más bajo de los países ahora llamados “de renta media”, es más que razonable que esa prosperidad se reparta y no solo se dedique a enviar sondas a Marte.

En vísperas de la novena Conferencia Ministerial de la OMC, que se realizará del 3 al 6 de diciembre en Bali, el llamado Grupo de los 33 (G-33) países en desarrollo preocupados por su seguridad alimentaria presentó una propuesta de reforma del comercio agrícola mundial con reglas que permitan medidas antipobreza como las adoptadas por la India, equiparándolas a los subsidios agrícolas autorizados a los países desarrollados. El G-33 está compuesto en la actualidad por cuarenta y seis países e incluye, además de la India, a China e Indonesia, país anfitrión de la reunión de los ministros de Comercio. En América Latina, lo integran Perú, Venezuela y todos los países de América Central y el Caribe.

Sin embargo, la oposición de la Unión Europea y Estados Unidos ha sido tan drástica que el nuevo director general de la OMC, el brasileño Roberto Azevedo, ha tenido que sacar de su galera una propuesta de “cláusula de paz” para evitar un nuevo y estrepitoso “colapso” de la cumbre comercial, similar a los de Seattle (1999), Cancún (2003) y Hong Kong (2005).

La “paz” propuesta por Azevedo consiste en acordar un periodo de cuatro años durante el cual los países desarrollados no presentarían litigios contra medidas de protección de los campesinos o de la seguridad alimentaria de los pobres, mientras se negocia una solución permanente. Sin embargo, esta tregua no es “gratis”, ya que a cambio de ella los países desarrollados exigen beneficios permanentes para sus exportaciones a los países en desarrollo (las llamadas “medidas de facilitación del comercio”) sin otorgar ninguna garantía de que se arribe a una solución durante el periodo de “paz” y sin que el armisticio sea realmente efectivo.

Según un análisis de la investigadora del South Centre Aileen Kwa, aun con “cláusula de paz” los países en desarrollo tendrían que demostrar que sus políticas agrícolas o antipobreza no ocasionan perjuicios a los exportadores de los países ricos y, además, éstos todavía podrían iniciar litigios bajo el Acuerdo sobre Subsidios, no cubierto por el armisticio que propone Azevedo.

Para los agricultores indios, “un no acuerdo es mejor que un mal acuerdo” como resultado de la conferencia ministerial de Bali y en carta pública a su gobierno explicaron: “Sabemos cómo se han endurecido las posiciones y no creemos que tenga sentido que la India ofrende la sobrevivencia de sus seiscientos millones de campesinos y ochocientos treinta millones de hambrientos en el altar de una Ronda comercial exitosa”.

Olivier de Shutter, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, dice que “esto es el mundo al revés. Las reglas de la OMC deberían girar en torno al derecho humano a la alimentación y no al revés”. Sostiene que la OMC “debe levantar las prohibiciones sobre políticas que buscan asegurar el derecho a la comida y permitir medidas como la creación de stocks para reducir la volatilidad de los precios y asegurar el acceso a la alimentación adecuada a nivel local”.

Publicado: 22 de noviembre de 2013 - No. 141 - Año 2013