Estados Unidos parece haber suspendido, al menos momentáneamente, su propuesta de dar una denominación especial a las empresas estadounidenses que no cuentan con una fábrica, es decir, unidades que venden productos manufacturados sin asumir las actividades de producción. Ésta podría ser la contraparte de la llamada teoría de las cadenas de valor mundiales que la Organización Mundial del Comercio (OMC) y sus economistas han estado promoviendo desde 2011.

Más recientemente, en julio pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la OMC defendieron este concepto en un documento presentado a los ministros de Comercio de los países del G-20 en Sydney, Australia.

Según una publicación de Global Trade Watch (GTW), que había alertado inicialmente a grupos de la sociedad civil sobre la medida del gobierno estadounidense, durante el período de audiencia pública la propuesta recibió unos veintiséis mil comentarios negativos. Esta gran oposición parece haber inducido al gobierno a paralizar la propuesta por el momento.

Habrá que ver si la decisión de Estados Unidos tendrá un impacto en la OCDE –el club de los países ricos que trata de convertirse en una organización internacional– y en la Secretaría de la OMC, la gran impulsora del concepto de cadenas de valor mundiales.

La aplicación por parte de los países en desarrollo del denominado Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, promovido por Estados Unidos y la Unión Europea, equivaldría a una reducción arancelaria del diez por ciento, según el ex director general Pascal Lamy, quien manifestó recientemente en Australia que los países desarrollados no tienen que hacer nada para aplicarlo.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) ha estimado que los costos de implementación -incluidos algunos gastos de infraestructura señalados por el Banco Mundial- para los países en desarrollo como grupo, rondan entre un millón y dos millones de dólares. Esto implica que el dinero destinado actualmente a los gastos sociales se destinaría a cumplir con las obligaciones de la OMC. Y las que se beneficiarían serían las empresas de los países desarrollados, que percibirían esas ventajas ¡sin que sus países tuvieran que pagar nada a los países en desarrollo en la Ronda de Doha!

GTW dijo en su mensaje que, después de esa oleada de oposición, el gobierno de Estados Unidos dejó de lado su propuesta de “disfrazar la externalización”. Y subrayó que ya habían advertido un mes antes acerca de una propuesta del gobierno para reclasificar como “fabricantes sin fábrica” a las empresas estadounidenses que externalizan su fabricación. “Considerar que Apple es un fabricante –aunque sus iPhones se hacen en las fábricas de Foxconn en China– desafía el sentido común”, señaló.

“Pero, ¿por qué es importante?”, se interroga GTW en su mensaje. “Porque enmascararía la erosión de la manufactura estadounidense incentivada por las políticas de deslocalización, incluida una serie de acuerdos comerciales injustos”, afirmó. La distorsión de los datos económicos inflaría artificialmente la producción manufacturera en Estados Unidos: los salarios y puestos de trabajo registrados aumentarían drásticamente al contar como trabajadores “manufactureros” a gerentes y programadores.

Por otra parte, desinflaría engañosamente el gran déficit comercial de Estados Unidos en materia de manufacturas. Las importaciones de iPhones fabricados en China ya no contarían como importaciones de bienes manufacturados sino como importaciones de “servicios” de Foxconn, mientras que los iPhones exportados de China a, por ejemplo, Europa, serían reclasificados como “exportaciones de fabricación estadounidense”.

Durante el período oficial para comentar la propuesta de “fabricantes sin fábrica”, Public Citizen y varios grupos de trabajo invitaron a la gente a que enviara sus observaciones al gobierno estadounidense. “La respuesta ha sido abrumadora”, comentó GTW. En poco tiempo, alrededor de veintiséis mil personas enviaron comentarios oponiéndose a la propuesta. La última vez que el gobierno trató de ponerla en práctica había recibido diez comentarios.

El gobierno respondió el 8 de agosto. En el Registro Federal de Estados Unidos apareció este anuncio: “En vista de los resultados iniciales de la investigación y del gran número de comentarios públicos presentados sobre el tema de los fabricantes sin fábrica, la Oficina de Administración y Presupuesto anuncia por esta vía que la recomendación no se aplicará en 2017”.

GTW dijo que la voz de la razón contribuyó a que un grupo de opiniones ayudara a convencer al gobierno a repensar la conveniencia de categorizar como fabricantes estadounidenses a empresas que no fabrican nada. Y añadió: “Gracias a la oleada de oposición pública (y a las contribuciones de algunos detractores lúcidos dentro del gobierno), la propuesta se ha suspendido, pero no se ha archivado (…) La Oficina de Administración y Presupuesto deja en claro que la fantasía de los ‘fabricantes sin fábrica’ probablemente aparecerá de nuevo, aunque con una forma diferente”.

GTW concluyó: “Debemos estar atentos. Probablemente habrá que volver a presionar para que nuestros datos no se muestren distorsionados. Mientras tratamos de cambiar nuestras políticas comerciales, debemos seguir luchando contra los esfuerzos por cambiar simplemente los números. Pero por ahora, felicitaciones”.

Los desventurados países en desarrollo, presionados en la OMC a aceptar el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, quizás deban agradecer a los activistas de la sociedad civil estadounidense por poner un palo en la rueda a las cadenas de valor mundiales, que los habrían relegado eternamente a la condición de “leñadores y aguadores”.

Chakravarthi Raghavan, editor emérito de South-North Development Monitor (SUNS).

Publicado: 29 de agosto de 2014 - No. 178 - Año 2014