El fin de la conferencia sobre cambio climático en Lima (COP 20) no cierra la actividad diplomática de 2014 sino que abre la de 2015, un año en el que la humanidad debe tomar decisiones importantes sobre su futuro.

“Estamos en una encrucijada histórica”, escribió Ban Ki-moon en un mensaje a los gobiernos del mundo el 4 de diciembre, en medio de las negociaciones de la COP 20, “y la dirección que tomemos determinará (…) si terminamos con los viejos males del hambre y la extrema pobreza o continuamos degradando al planeta y permitiendo que desigualdades intolerables siembren amargura y desesperación”.

En un comentario preliminar sobre la COP 20, Martin Khor, director del Centro del Sur, coincidió en la gravedad del momento: “Cómo compartir el espacio atmosférico entre países desarrollados y en desarrollo de manera justa es el tema central en Lima. Y seguirá siendo el principal tema de discusión hasta que se concluya un nuevo acuerdo, lo que ojalá suceda en París dentro de un año”, en la COP 21. En su opinión, “los países desarrollados están tratando de eludir su promesa de cortar emisiones profunda y rápidamente, y de proveer fondos y tecnología a los países en desarrollo para apoyar sus acciones sobre cambio climático”.

Estados Unidos ha prometido cortar sus emisiones en seis por ciento hacia 2020 y alrededor de quince por ciento en 2025, lo que dista mucho del corte entre veinte y cuarenta por ciento antes de 2020 que los científicos consideran necesario. Japón, Canadá, Rusia y Australia ya no tienen al cambio climático entre sus prioridades e incluso la Unión Europea, que lideraba en este tema, ahora plantea metas menos ambiciosas.

Los países ricos han prometido, en total, 10,000 millones de dólares para el Fondo Verde para el Clima durante los próximos cuatro años, muy lejos de los 100,000 millones anuales a los que se habían comprometido.

Lamentablemente este retractarse de los compromisos asumidos por parte de quienes mayor responsabilidad tienen se está volviendo un hábito. El 19 de julio, un grupo de trabajo de setenta gobiernos culminó un año de dificultosas negociaciones adoptando diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que luego fueron aprobados por consenso por la Asamblea General de las Naciones Unidas como “la base para integrar los ODS en la agenda de desarrollo post 2015”.

Estos objetivos incluyen eliminar la pobreza extrema en 2030 y reducir a la mitad para esa fecha la pobreza en todas partes; atacar las desigualdades en cada país y entre países, y cambiar los estilos de producción y consumo no sustentables, para lo cual los países desarrollados se comprometieron a “ejercer liderazgo”. Además, los ODS consideran que el acceso a la salud, la educación, el trabajo decente y la seguridad social son derechos que todos los países deben asegurar y que para lograrlo no alcanza con la cooperación internacional tradicional sino que hay que cambiar las reglas e instituciones de las finanzas y el comercio globales. Para todo ello los ODS proponen una nueva alianza (partnership) entre gobiernos, complementada por esfuerzos privados (de fundaciones, empresas y sociedad civil).

Sin embargo, probablemente presionado por un puñado de países desarrollados que con sus “fondos voluntarios” financian el ochenta por ciento de los gastos de las Naciones Unidas, Ban discretamente evita mencionar en su “informe síntesis” las transformaciones que los países desarrollados deben hacer en sus propias sociedades para bajar su pobreza a la mitad, acabar con el desempleo y reducir sus desigualdades.

Ban cita sin mencionarlo al premier británico David Cameron enfatizando los derechos de las mujeres a poseer tierras y cuentas bancarias, pero no menciona que los ODS insisten en todos los derechos, incluyendo el de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Tampoco recuerda que los ODS hablan de “igualdad de resultados” y no solo de la “igualdad de oportunidades” que preconizan los conservadores anglosajones.

Hablando del ambiente y su protección no se menciona el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” ni la responsabilidad de los países desarrollados en ultrapasar los “límites planetarios” o su compromiso de cambios en padrones de vida insustentables. Y en términos de implementación, Ban propone en el centro de su propuesta a múltiples partnerships con el sector privado a las que también se denomina “instituciones mixtas o PPPP”. La mayor innovación aquí consiste en el agregado de una cuarta “P” (de people o pueblo) a la sigla tradicional de los “partenariados público-privados”.

Ahora es el turno de los gobiernos, que en su agenda de 2015 tienen tres citas claves: la cumbre sobre finanzas para el desarrollo en julio en Etiopía, la aprobación de la nueva agenda de desarrollo en setiembre en Nueva York y la cumbre sobre el clima en diciembre en París. La verdadera encrucijada es entre lo que el embajador brasileño Guilherme Patriota definiera como “tercerizar el desarrollo”, y confiar esta responsabilidad a las grandes empresas trasnacionales, o asumir las responsabilidades para las que fueron electos y rediseñar un contrato social con sus pueblos a escala planetaria.

Roberto Bissio es Director del Instituto del Tercer Mundo (ITeM).

Publicado: 12 de diciembre de 2014 - No. 193 - Año 2014