En lo que va del 2017, diez inventos uruguayos han sido registrados por el boletín oficial de la propiedad industrial solicitando patentes para invenciones varias que van desde tratamientos contra la celulitis y la obesidad a métodos para proteger el ganado durante su transporte o para gestionar estaciones de servicio hasta una  “técnica de encriptación simétrica polialgorítmica”.

En ese mismo periodo el boletín registra unos cuatrocientos pedidos de patente por parte de extranjeros, en su mayoría empresas farmacéuticas o agroindustriales con sede en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.

Esta relación de 40 a uno en las solicitudes de patente se refleja en las cifras de royalties pagados y recibidos: En 2014, según el Banco Mundial, Uruguay pagó royalties de patentes por valor de 48 millones de dólares y recibió menos de un cuarto de millón por royalties vendidos al exterior.

Sólo los Estados Unidos, Japón y algunos países europeos son exportadores netos de patentes y éstos son precisamente los países que más se benefician de mayores protecciones a la propiedad industrial, tales como las dispuestas por el Tratado de Cooperación en Patentes (TCP) cuya firma, propuesta por el Ministerio de Industrias, está a estudio del parlamento uruguayo.  Las patentes de invención conceden al inventor un monoplio de veinte años (o más en el caso de los fármacos) que le permiten fijar precios exorbitantes.

Abundantes investigaciones muestran que la mayor protección a las patentes no estimula innovación, no es necesaria para la grasferencia de tecnología y no atrae inversión extranjera. El Banco Mundial ha sostenido que “los países en desarrollo necesitan normas de propiedad intelectual más bajas y flexibles que los desarrollados.”

Paradójicamente estos monopolios creados por las patentes están protegidos por los acuerdos llamados de “libre comercio,” que deberían estimular la competencia. Los miembros de la Organización Mundial de Comercio debieron aumentar su protección a las patentes por el acuerdo TRIPs y protección adicional es exigida por el TCP, condicionado por muchos acuerdos bilaterales de libre comercio.

El informe favorable al TCP, elevado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, descooce la opinión de premios Nobel de Economía como Gary Becker (“la protección a las patentes podría cortarse a la mitad sin desestimular la innovación”) o Joseph Stiglitz (“los incentivos del sistema de patentes son inapropiados a la innovación”) y copia directamente los argumentos favorables al Tratado de la Oragnización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Los informantes olvidan que la OMPI recauda un 76% de su prespuesto de las tasas que cobra por registrar patentes, lo que la convierte en parte interesada.

En 2016 el Panel de Alto Nivel sobre Acceso a los Medicamentos, promoción de la Innovación y Acceso a las Tecnologías de la Salud sostuvo que  hay “incoherencia” entre una mayor protección a la propiedad intelectual y los esfuerzos de los gobiernos por cumplir con sus obligaciones de derechos humanos en materia de salud.

Es cierto que el TCP beneficiería a los inventores uruguayos con mayor facilidad para registrar sus patentes en el exterior. Pero ¿justifica eso el previsible encarecimiento en los precios de los medicamentos, de los insumos agrícolas e industriales y de las tecnologías para hacer frente al cambio climático? La desproporción entre importación y exportación de patentes en Uruguay es tan grande que aun si los ingresos por royalties vendidas al exterior se duplicaran o triplicaran, esto no compensaría un aumento de apenas uno por ciento en los royalties que importamos. Sería mucho más económico fortalecer a la dirección de propiedad industrial para que apoyara el registro de patentes uruguayas en el exterior que pagar los costos de una protección innecesaria de grandes corporaciones extranjeras.

Roberto Bissio es Director del Instituto del Tercer Mundo.

Publicado: 20 de octubre de 2017 - No. 328 - Año 2017