Hacia la duodécima conferencia ministerial de la OMC: Qué hay sobre la mesa para los países en desarrollo y los PMA
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Kinda Mohamadieh y Ranja Sengupta
Hacia la duodécima conferencia ministerial de la OMC: Qué hay sobre la mesa para los países en desarrollo y los PMA
Todas las miradas están puestas de nuevo en la 12ª Conferencia Ministerial (CM12) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). ¿Se celebrará, como se había anunciado, durante la semana del 12 de junio? ¿Se pospondrá de nuevo debido a la guerra en Ucrania o a la COVID-19?
Introducción: ¿Habrá conferencia?
Todas las miradas están puestas de nuevo en la 12ª Conferencia Ministerial (CM12) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). ¿Se celebrará, como se había anunciado, durante la semana del 12 de junio? ¿Se pospondrá de nuevo debido a la guerra en Ucrania o a la COVID-19?
Después de una reunión informal del Consejo General de la OMC celebrada el 28 de marzo, se informó sobre un «entendimiento emergente» de que CM12 se celebrará del 12 al 15 de junio.[i] Sin embargo, los problemas políticos derivados de la guerra en Ucrania vuelven inmanejables muchas reuniones de la OMC y podrían dificultar aún más la celebración de la conferencia ministerial. Lo que está claro hasta ahora es que, independientemente de que se celebre o no la CM12, la guerra en Ucrania es un nuevo golpe para el multilateralismo y la organización comercial multilateral. Esto se suma a otros reveses anteriores, como el derivado de la falta de resultados sobre la propuesta de exención de los ADPIC para abordar las barreras de propiedad intelectual (PI) al acceso equitativo a vacunas, terapias y diagnósticos de la COVID-19, a pesar del apoyo de más de 100 miembros de la OMC. La amenaza de irrelevancia que se cierne sobre la OMC sigue intensificándose.
Los países en desarrollo y los países menos adelantados (PMA) se enfrentan a esta difícil realidad. Para ellos, el sistema multilateral basado en normas es el foro preferido para definir las relaciones comerciales, porque sin él, la voluntad de los más poderosos será el factor determinante de los términos de intercambio. Los países en desarrollo y los PMA se enfrentan a una narrativa que enfatiza cosechar resultados para reforzar o reavivar la confianza en el sistema multilateral y contribuir así a garantizar su supervivencia. Sin embargo, a pesar de su compromiso con el sistema de comercio multilateral y su necesidad de obtener resultados, los países en desarrollo y los PMA deberían analizar detenidamente lo que se les ofrece y lo que significa, en relación con cada uno de los puntos en la agenda de negociaciones, así como con el balance general de lo que obtendrán a cambio de lo que podrían ceder.
La agenda de la OMC sigue centrada en cuatro temas: la respuesta a la pandemia, incluida la exención de los ADPIC, las subvenciones a la pesca, la agricultura y las reformas de la OMC. Las cuestiones que preocupan especialmente a los países en desarrollo y a los PMA, como el refuerzo del trato especial y diferenciado (TED), han sido marginadas durante mucho tiempo y siguen siéndolo en el contexto actual. Desde la adopción en 2001 de un mandato en el marco del Programa de Trabajo de Doha de la OMC para revisar todas las disposiciones de TED con el fin de reforzarlas y hacerlas más precisas, eficaces y operativas,[ii] los países en desarrollo y los PMA han emprendido varios intentos para continuar este mandato y cumplirlo.[iii] Anteriormente, cuando se consideraron estas propuestas, los países desarrollados las socavaron de forma efectiva, diluyendo el texto revisado propuesto sobre TED, hasta el punto de que no tenía ningún valor y ciertamente no cumplía el mandato del Programa de Trabajo de Doha.
Más allá de este mandato, el trato especial y diferenciado tiene una importancia sistémica, ya que es un principio fundamental integrado en la base jurídica del sistema comercial multilateral. Es crucial para el funcionamiento eficaz de la OMC y la capacidad de alinear las normas comerciales con las necesidades de desarrollo de sus Estados miembros. La pandemia del COVID-19 ha vuelto a poner de manifiesto que los países en desarrollo y los PMA necesitan flexibilidades especiales. Los países en desarrollo y los PMA insisten en garantizar que cualquier negociación en la OMC no socave las flexibilidades existentes y las normas de trato especial y diferenciado de las que se benefician. También hacen hincapié en que cualquier negociación futura, como las que podrían llevarse a cabo en el marco de un Plan de Acción sobre Respuesta, Preparación y Resiliencia ante las Pandemias, también debería defender el trato especial y diferenciado como un derecho para todos los países en desarrollo y los PMA y prestar atención específica a la necesidad de espacio político, resiliencia económica, seguridad alimentaria y protección de la salud pública.
En este artículo se repasa brevemente la dinámica de algunos de los principales temas que están sobre la mesa de la OMC, principalmente la respuesta de la OMC a la pandemia, las subvenciones a la pesca, la agricultura y las reformas de la OMC. También se destacarán las cuestiones relativas a las llamadas “iniciativas de declaración conjunta”.
La respuesta de la OMC a la pandemia es una de las cuestiones más apremiantes que tiene sobre la mesa la OMC, no sólo por la urgencia que impone la pandemia, sino también por la expectativa de una contribución de la OMC para hacer frente a la Covid-19. Sin embargo, transcurridos más de dos años desde que se declaró la pandemia, esta contribución no se ha materializado.
Las cuestiones de procedimiento han estado causando problemas en el proceso, dificultando la participación plena y efectiva de los países en desarrollo y los PMA. Estos subrayado en repetidas ocasiones la importancia de que este proceso siga siendo impulsado por los países miembros y que cualquier texto que se vaya a considerar tenga que ser discutido y negociado por los miembros de la OMC.
Los debates iniciales sobre la respuesta de la OMC a la pandemia, dirigidos por el embajador David Walker de Nueva Zelanda, que fue nombrado facilitador del proceso en junio de 2021, giraron en torno a la premisa de que lo que se necesita es más liberalización, intervenciones que limiten aún más el espacio normativo y las herramientas políticas disponibles para los miembros de la OMC, así como una mayor confianza en el sector privado. Países en desarrollo como India, la coalición que presentó una propuesta colectiva (que pasó a conocerse como 278, por el número de documento de su propuesta a la OMC),[iv] y otros, han subrayado que la respuesta a la pandemia debería centrarse en cuestiones que preocupan a los países en desarrollo y a los PMA, como la seguridad alimentaria, la resiliencia económica, las barreras de la propiedad intelectual al acceso equitativo a las vacunas, a las terapias y a los diagnósticos necesarios para hacer frente a la pandemia, así como otras cuestiones de espacio político relevantes para la preparación y la resiliencia. Los países en desarrollo y los PMA también han subrayado que cualquier resultado no debería socavar las flexibilidades existentes para ellos y debería incluir un tratamiento especial y diferenciado efectivo.
Actualmente, las negociaciones sobre la respuesta de la OMC a la pandemia están en pausa (lo que los delegados llaman una «pausa estratégica»). Esta pausa fue solicitada, según se informa, por Estados Unidos. El embajador de Honduras, anterior presidente del Consejo General de la OMC durante 2021, ha sido designado como nuevo facilitador de este proceso. Varias cuestiones de importancia para los países en desarrollo y los PMA siguen necesitando una atención sustancial, como el refuerzo de los elementos relativos a la seguridad alimentaria, incluidos los correspondientes a los países en desarrollo importadores netos de alimentos (PDIN), en caso de pandemias y crisis similares.
La importancia de la exención de los ADPIC en la respuesta de la OMC a la pandemia
Además, los países en desarrollo han subrayado repetidamente que una decisión del Consejo General sobre la propuesta de exención de los ADPIC es absolutamente fundamental para cualquier respuesta de la OMC a la pandemia. Muchos Estados miembros han declarado repetidamente que no puede haber un resultado creíble en la respuesta a la pandemia sin un resultado significativo y viable en la propuesta de exención de los ADPIC. En este sentido, la coincidencia de ritmo entre el proceso relativo a la exención de los ADPIC y el relativo a la negociación de una declaración sobre la respuesta de la OMC a la pandemia ha sido crucial para muchos países. Actualmente, el proceso multilateral relativo a la exención de los ADPIC sigue estancado. El único texto sobre la mesa sigue siendo la propuesta de exención presentada por los 65 copatrocinadores [v] y apoyada por más de 100 Estados miembros de la OMC.
En marzo de este año, los medios de comunicación informaron de la filtración de un texto procedente de las discusiones facilitadas por la Secretaría de la OMC (la Directora General y la Directora General Adjunta de la OMC).[vi] Este texto no tiene carácter oficial en el proceso multilateral y, por tanto, no puede considerarse parte de las deliberaciones oficiales de la OMC relativas a la propuesta de exención de los ADPIC, a menos que se presente oficialmente al resto de los miembros de la OMC. El texto filtrado ha sido ampliamente criticado y en general se acepta que no presenta una exención significativa de los ADPIC. Refleja en gran medida las posiciones de línea dura de la Unión Europea (UE) y de los Estados Unidos. La posición de la UE, tal y como se articuló en una declaración en junio de 2021, es tener una decisión que principalmente reafirma las flexibilidades existentes en torno a las autorizaciones no voluntarias (es decir, el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC), al tiempo que proporciona la percepción de que se ha logrado algo significativo. Esta posición de la UE es la base del texto filtrado. Los Estados Unidos, que han apoyado una exención de PI para las vacunas, parecen haber seguido la posición de la UE, limitando la exención a las vacunas y con criterios de elegibilidad que excluirán a China.
El texto filtrado contiene una mezcla de aclaraciones y una exención muy limitada del artículo 31(f) del Acuerdo sobre los ADPIC, que sólo es aplicable en circunstancias limitadas cuando la mayor parte de la producción de vacunas se destina a la exportación. Sin embargo, el texto propuesto impone varias condiciones que van más allá de los ADPIC y han sido denominadas «ADPIC-plus». Estas harán impracticable e inviable el uso de la exención. Este enfoque contradice el espíritu y la intención de la propuesta original de exención de los ADPIC, que tiene como objetivo eliminar temporalmente las barreras de la propiedad intelectual (patentes, protección de la información no divulgada, derechos de autor y diseños industriales) y crear libertad para operar, de modo que haya un mayor espacio político y operativo, así como seguridad jurídica, para la entrada de fabricantes de productos de continuación/genéricos, con vistas a ampliar y diversificar las opciones de producción y suministro locales de vacunas, productos terapéuticos y diagnósticos de COVID-19 para permitir un acceso más equitativo.
Además, se informa que algunos países desarrollados como la UE y Canadá, junto a otros como Brasil, pretenden, aceptar este texto aguado sobre la PI ante la Covid-19, obtener a cambio concesiones de los países en desarrollo en áreas como las subvenciones a la pesca, la agricultura, las reformas de la OMC y la respuesta más amplia a la pandemia.[vii] Dado que este documento no proporciona ninguna ganancia adicional y confiere costes a largo plazo, nuevas concesiones en otras áreas podrían suponer una doble pérdida para los países en desarrollo y los PMA.
Negociaciones sobre las subvenciones a la pesca
El resultado más inmediato de la CM12 son las disciplinas sobre las subvenciones a la pesca, ordenadas por el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14.6 e impulsadas por el objetivo de la conservación de los recursos marinos. Las negociaciones están en marcha desde 2016 en torno a tres pilares: la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR, por su sigla en inglés); las poblaciones sobreexplotadas (SO); y la sobrecapacidad y sobrepesca (OCOF).
Los países en desarrollo han estado luchando por un trato especial y diferenciado más fuerte, especialmente para sus pescadores a pequeña escala. Sin embargo, el trato especial y diferenciado, incluso para los pescadores de bajos ingresos y escasos recursos, sigue enfrentando propuestas que lo restringen en los dos primeros pilares, limitándolo geográficamente (solo para las aguas territoriales y no ampliadas a la Zona Económica Exclusiva o ZEE) y en el tiempo (2 a 5 años). Los grupos de pequeños pescadores han argumentado que se adentran en la ZEE para pescar. El objetivo general del ODS 14.6 es proteger sus medios de vida mediante la conservación de las poblaciones de peces, pero la forma en que se está aplicando en la OMC logrará exactamente lo contrario.
En un aparente movimiento para dividir y gobernar, a los países que contribuyen con menos del 0,7% de la captura marina mundial se les ha concedido un indulto bajo el pilar sobrepesca y sobrecapacidad en el proyecto de texto del 8 de noviembre de 2021 (documento de la OMC TN/RL/W/276/Rev.1) emitido por el presidente de las negociaciones, y esto ha continuado en la última versión del 24 de noviembre de 2021 (WT/MIN(21)/W/5). Sin embargo, muchos países en desarrollo con poblaciones pesqueras muy grandes siguen luchando por un período de exención. Además, los requisitos de notificación para todo uso de TED serían obligatorios y estrictos, mientras que la asistencia técnica sigue siendo voluntaria. Las negociaciones no han tenido en cuenta el tamaño de las poblaciones pesqueras ni la responsabilidad histórica de las naciones pesqueras industriales.
Curiosamente, en lo que se considera un TED inverso para los países desarrollados y los países pesqueros avanzados, el artículo 5.1.1 del texto del Presidente establece una exención imperativa para las economías desarrolladas, como la UE, que pueden cumplir la disposición con mayor facilidad, dados sus avanzados mecanismos de control, a menudo desarrollados con un gasto gubernamental tremendamente elevado.[viii] La pesca en aguas distantes, llevada a cabo principalmente por las naciones pesqueras avanzadas, también recibe una nueva exención.
La preocupación de cara al futuro es que este acuerdo diluido no debe debilitarse aún más a cambio de alguna ganancia ilusoria en el acuerdo filtrado sobre la PI relacionada con la COVID-19. Para los países en desarrollo, no valdrá la pena sacrificar los intereses de sus pequeños pescadores a cambio de obtener «nada» en la exención de los ADPIC.
Una preocupación similar es también pertinente para la agricultura. Las negociaciones agrícolas que conducen a la CM12 en 2021 ya estaban fuertemente sesgadas contra los países en desarrollo. Los temas de gran interés para ellos han sido sistemáticamente relegados por los países desarrollados, con la colaboración activa de la presidenta de las negociaciones agrícolas, la embajadora Gloria Peralta de Costa Rica.
Los países en desarrollo reclaman una exención de las subvenciones que conceden a sus agricultores pobres a través del apoyo a los precios mediante la adquisición de existencias para los programas alimentarios públicos. Una solución permanente sobre esta constitución de existencias públicas languidece desde 2013. A pesar de que se ha incumplido el plazo para obtener un resultado en 2017 y de que el Grupo Africano (JOB/AG/205) y el Grupo de los 33 (JOB/AG/214) han presentado dos propuestas concretas, la presidenta ha vuelto a proponer en su informe al Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) de la OMC del 23 de noviembre de 2021 un nuevo aplazamiento de la decisión sobre existencias públicas, esta vez hasta la 13ª Conferencia Ministerial. Recientemente, Brasil y algunos otros países han dicho que no aceptarán una prórroga permanente, mientras que Canadá, Estados Unidos, la UE y otros países han planteado dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de notificación actuales por parte de los países en desarrollo, lo que supone un argumento en contra de un resultado sobre una solución permanente en materia de existencias públicas.
En segundo lugar, el Mecanismo de Salvaguardia Especial (MSE) propuesto, que permitiría imponer derechos adicionales para contrarrestar un aumento repentino de las importaciones agrícolas, también fue relegado a un programa de trabajo posterior a la CM12, sin especificar un plazo.
Por otro lado, ha habido un impulso sistémico para promover cuestiones que a menudo son contrarias a los intereses de los países en desarrollo. Los subsidios, especialmente los concedidos por los países desarrollados a través de los derechos extraordinarios y el compartimento verde, siempre han sido una preocupación para los países en desarrollo. Pero las fórmulas sugeridas en las propuestas sobre disciplinas de ayuda interna presentadas por el Grupo de Cairns (países exportadores de productos agrícolas) desde 2020, implican mayores recortes para los países en desarrollo en el compartimento ámbar. Incluso las medidas de TED, como el compartimento de desarrollo y las subvenciones de minimis, están siendo cuestionadas. Al mismo tiempo, también se están impulsando sistemáticamente otras cuestiones como acceso a los mercados, límites a las restricciones a la exportación y medidas adicionales de transparencia que benefician comercialmente a los países desarrollados exportadores de productos agrícolas.
Una propuesta para no restringir las exportaciones destinadas al Programa Mundial de Alimentos, podría ser la fruta más fácil de cosechar en la CM12. Aunque a primera vista parece una buena medida, preocupa mucho que se vuelva precursor de eventuales disciplinas sobre restricciones a la exportación de todos los productos agrícolas (y no agrícolas), incluso si las restricciones se imponen por razones de seguridad alimentaria nacional y fabricación de productos industriales críticos.
La guerra entre Rusia y Ucrania ha desencadenado recientemente una escalada de los precios de los alimentos, principalmente del trigo, los aceites comestibles, el maíz y la cebada, que se ve agravada por la espiral de los precios de la energía y los fertilizantes, lo que repercute también en otros productos alimentarios. Esto está provocando una crisis alimentaria en muchas partes del mundo. Los bloqueos de la cadena de suministro en Ucrania, las sanciones a Rusia y las catástrofes naturales que afectan a los suministros para los mercados de exportación de otros países están agravando el problema. Especialmente vulnerables son varios PMA y los países en desarrollo importadores netos de alimentos, así como otros países en desarrollo, dada la ya precaria situación alimentaria durante la pandemia.
La directora general de la OMC ha anunciado[ix] su intención de abordar los problemas de seguridad alimentaria y de la cadena de suministro, pero ha declarado que «concentrar el abastecimiento y la producción en casa, aunque es comprensible, también podría crear nuevas vulnerabilidades y puede no ser la mejor estrategia de gestión de riesgos«, al tiempo que ha pedido a los países que exporten más alimentos y fertilizantes y que liberen las reservas de alimentos en el mercado internacional. Está previsto que la presidenta de las negociaciones agrícolas de la OMC, la embajadora Gloria Peralta, celebre una conferencia de «alto nivel» sobre seguridad alimentaria el 26 de abril.
La intervención de la DG va más allá de lo inadecuado y resulta chocante. Continúa negando la realidad de que, a pesar de la liberalización del comercio a través de la OMC durante los últimos 27 años, el mercado alimentario mundial sigue estando extremadamente concentrado, tanto en términos de países proveedores de los principales productos como del número de empresas que operan y controlan el mercado de la exportación. Las normas no equitativas del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC han garantizado que los productos agrícolas subvencionados de los países desarrollados penetren en los mercados de los países en desarrollo y de los PMA, amenazando la producción a pequeña escala en estos países y convirtiendo a muchos países en importadores netos de alimentos. En lugar de depender de un mercado mundial concentrado, volátil y precario, es imperativo que los países desarrollen alguna forma de autosuficiencia en productos alimentarios críticos, especialmente para hacer frente a futuras crisis. Pero la OMC ha vuelto a atarles las manos al limitar el espacio político para apoyar a los agricultores, impulsar la producción y reforzar los programas de almacenamiento público para apoyar tanto la producción como el consumo.
Pueden explorarse varias soluciones a corto plazo, como mantener abiertas y diversificadas las cadenas de suministro, así como mantener abiertos los canales de pago para las exportaciones destinadas a los países vulnerables, y proporcionarles financiación y otras ayudas. Sin embargo, una solución a largo plazo no es posible sin modificar las normas de la OMC para permitir y reforzar las herramientas políticas de los países en desarrollo y los PMA para ampliar y diversificar la producción.
No debe extrañar que la propuesta del Programa Mundial de Alimentos reciba un renovado impulso por parte de los países desarrollados, aprovechando el contexto de la crisis alimentaria. Si bien esto puede ser útil en el contexto actual, especialmente para las exportaciones a los países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios y a los países menos adelantados, cualquier compromiso a largo plazo sobre las restricciones a la exportación, permitidas por el artículo 12 del Acuerdo sobre la Agricultura, debe tratarse con cautela.
Dados los retos a los que ya se enfrentan los países en desarrollo (especialmente los importadores netos de alimentos y los PMA), debería ser escandaloso reclamarles más concesiones, tales como renunciar a la solución permanente sobre la adquisición pública de existencias o el mecanismo de salvaguardas especiales, a cambio de un resultado sobre la propiedad intelectual relativa a la COVID-19 que no ofrece ninguna exención significativa o viable. Además, para que cualquier paquete de respuesta a la pandemia salga adelante, debe abordar seriamente los problemas de seguridad alimentaria y vulnerabilidad en los países en desarrollo y ofrecer soluciones a largo plazo que puedan prevenir una situación de crisis alimentarias recurrentes. Los países en desarrollo también deben poner en marcha un proceso independiente a más largo plazo para explorar soluciones de seguridad alimentaria.
Las reformas de la OMC y lo que pueden ocultar
Existen grandes diferencias entre lo que los países en desarrollo entienden por «reforma de la OMC» y las ideas que impulsan algunos países desarrollados bajo la apariencia de reforma, que se han convertido en un tema que divide a los miembros de la OMC. En el período previo a diciembre de 2021, cuando estaba previsto que se celebrara la CM12 antes de su aplazamiento, la Directora General de la OMC había facilitado el impulso para que la reforma de la OMC ocupara un lugar destacado entre las cuestiones que se abordarían en la conferencia ministerial. Del mismo modo, la Directora General de la OMC está incluyendo la reforma de la OMC en la agenda prioritaria de la conferencia ministerial prevista para junio de 2022.[x]
Los países en desarrollo llevan mucho tiempo pidiendo una reforma del sistema de comercio multilateral que favorezca a los países en desarrollo y a los grandes grupos vulnerables, como los pequeños agricultores, los productores, los trabajadores, los grupos de pacientes y los pueblos indígenas. En diciembre de 2020, una presentación colectiva del grupo de Estados africanos, India y Cuba[xi] subrayó que el centro de esta agenda de reforma es el llamamiento a revisar y reequilibrar las normas existentes de la OMC, con el fin de abordar los problemas de implementación a los que se han enfrentado los países en desarrollo y los PMA y reforzar y mejorar la operativa del trato especial y diferenciado.
En cambio, la narrativa y las propuestas relativas a la reforma de la OMC promovidas por los países desarrollados, encabezados por Estados Unidos y la UE, siguen presionando para que se establezcan normas sobre nuevas cuestiones (como las normas sobre subvenciones industriales) que no tienen un mandato multilateral y nuevos enfoques del TED que acabarán limitando la disponibilidad de estas flexibilidades para los países en desarrollo y los PMA. También se han interesado por alterar los procedimientos de toma de decisiones en la OMC, incluyendo la aceptación de que iniciativas plurilaterales establezcan la agenda de negociación de la OMC y la adopción de nuevas normas que podrían socavar la naturaleza multilateral de la organización y su capacidad para ofrecer algo útil a los países en desarrollo y a los PMA. Además, están interesados en ampliar los mecanismos de supervisión para presionar aún más a los países en desarrollo en la aplicación de las políticas comerciales de la OMC y abrir más espacio a las grandes empresas en la OMC bajo el paraguas de incluir «múltiples partes interesadas».
En el contexto de la negociación del documento final de la CM12 (es decir, la declaración ministerial), varios países, principalmente desarrollados, han presionado para que se establezca un nuevo grupo de trabajo sobre lo que denominan «mejoras del funcionamiento de la OMC». La UE y Brasil presentaron de manera informal una propuesta para la creación de un grupo de trabajo que considere «mejoras institucionales del funcionamiento de la OMC» y aborde la función de supervisión y deliberación, la función de negociación y la función de solución de controversias de la OMC.
La creación de un organismo de este tipo mientras sigue habiendo un gran desacuerdo sobre lo que significa la «reforma de la OMC» y sobre la dirección que se quiere dar a ese trabajo permitirá a Estados Unidos, la UE y otros países desarrollados utilizar esta plataforma para presionar la puesta en práctica de las ideas que tienen en mente para la «reforma de la OMC». Estos enfoques podrían socavar y limitar considerablemente la capacidad de los países en desarrollo y de los PMA para influir en el establecimiento de la agenda y perseguir las cuestiones de su interés en las negociaciones. También podrían legitimar una mayor influencia del sector privado[KM1] a la hora de establecer la agenda y en las negociaciones en la OMC, creando así una institución más desequilibrada que responda principalmente a los intereses comerciales de las grandes empresas.
Se ha informado que los países en desarrollo insisten en que cualquier debate sobre la reforma de la OMC se lleve a cabo en el Consejo General y esté abierto a todos los miembros de la OMC. También insistieron en que cualquier reforma necesaria para mejorar las funciones de la OMC debe ser coherente con los principios y objetivos del sistema comercial multilateral establecidos en el Acuerdo de Marrakech por el que se estableció la Organización Mundial del Comercio y sus acuerdos comerciales multilaterales. También subrayaron que el proceso, así como los resultados de la revisión, deben ser transparentes, inclusivos y prestar la debida atención a las necesidades de desarrollo y espacio político de los países en desarrollo y menos desarrollados, y que la revisión y sus resultados no alterarán, ni afectarán en modo alguno, los derechos y obligaciones de los Miembros en virtud de los acuerdos de la OMC y los mandatos acordados.[xii]
Además, se ha informado[xiii] que el proyecto de documento final ha dejado al descubierto las diferencias entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo respecto a la función negociadora de la OMC, especialmente en la cuestión de las negociaciones plurilaterales. Los países desarrollados propusieron un lenguaje que socavaría la naturaleza multilateral de la organización y el requisito de consenso: «[…Muchos Miembros reafirman su compromiso con las negociaciones multilaterales exclusivas. Muchos otros Miembros creen que son necesarios nuevos enfoques para lograr resultados significativos en las negociaciones de la OMC]. «[xiv] Una propuesta procedente de los países en desarrollo subrayaba el fortalecimiento de la capacidad de la OMC «[para desempeñar su función de foro de negociación entre todos sus Miembros en lo que respecta a sus relaciones comerciales multilaterales, según lo decidido colectivamente por la Conferencia Ministerial, de conformidad con los artículos II.1 y III.2 del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y otros artículos pertinentes del Acuerdo de la OMC, y con miras a fortalecer su capacidad para desarrollar un sistema comercial multilateral integrado y más viable]».[xv]
Las iniciativas de declaraciones conjuntas continúan y son cada vez más
Las «iniciativas de declaración conjunta» plurilaterales sobre el comercio electrónico, la facilitación de las inversiones, la regulación nacional de los servicios, las disciplinas para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), y sobre comercio y género, anunciadas en la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Buenos Aires en 2017, siguen siendo objeto de deliberación entre diferentes subconjuntos de los miembros de la OMC. Se han añadido a la lista otras múltiples iniciativas relacionadas con el medio ambiente, como los debates estructurados sobre comercio y sostenibilidad medioambiental (TESSD).[xvi] Estas iniciativas no forman parte del trabajo de la OMC, ya que no están oficialmente cubiertas por los mandatos multilaterales de negociación acordados en la OMC. Sin embargo, la mayoría de las reuniones relacionadas con estas iniciativas plurilaterales se celebran en la OMC.
Estas iniciativas han suscitado múltiples preocupaciones sistémicas, en particular en lo que respecta a su potencial de socavar las normas de la OMC relativas a los mandatos de negociación en la OMC, así como las normas relativas a la adopción de los resultados de las negociaciones para que formen parte de la legislación de la OMC. En febrero de 2021, una presentación de India, Sudáfrica y Namibia cuestionó la legalidad de las iniciativas de declaraciones conjuntas y los intentos de introducir sus resultados en la OMC.[xvii] En su presentación, rechazaron la propuesta de que, si los resultados negociados se ofrecen sobre la base de la nación más favorecida (NMF), no se requiere un consenso multilateral para incluir el marco resultante en la OMC. Subrayaron que tal propuesta sería contraria a los principios y objetivos fundamentales del sistema multilateral, consagrados en los artículos II.1 y III.2 del Acuerdo de Marrakech.[xviii] También subrayaron que cualquier intento de introducir esas nuevas normas en la OMC sin el consenso de todos los miembros de la OMC será perjudicial para el funcionamiento del sistema de comercio multilateral basado en normas, erosionará su integridad al subvertir las normas establecidas y los principios fundacionales, eludirá la supervisión colectiva de los miembros y dará lugar a que se ignoren los mandatos multilaterales existentes, alcanzados por consenso, en favor de asuntos sin mandato multilateral.[xix]
De la Iniciativa Conjunta sobre la Regulación Nacional de los Servicios surgió un documento de referencia sobre la regulación nacional de los servicios, que se hizo público en octubre de 2021.[xx] Este texto impondrá nuevas «disciplinas» sobre el modo en que los gobiernos que lo adopten pueden desarrollar y administrar sus normas y procedimientos de concesión de licencias, requisitos y procedimientos de cualificación y normas técnicas, así como otras medidas relacionadas con las autorizaciones en relación con el sector de los servicios.[xxi] La profesora Jane Kelsey ha analizado las implicaciones sistémicas de la elaboración de este texto por parte de un grupo autoseleccionado de miembros de la OMC, a la luz de la falta de legitimidad jurídica del proceso de elaboración del texto y de los medios propuestos para su adopción.[xxii] Kelsey señala que el texto sobre servicios no puede reclamar un mandato de ningún otro lugar. Anula un mandato multilateral existente en virtud del artículo VI.4 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC. En el párrafo 1 de la Sección I, afirma que las negociaciones y el texto resultante se ajustan al Artículo VI.4 del AGCS. Kelsey lo rebate. Este texto no ha sido elaborado por el Consejo del Comercio de Servicios de la OMC ni por el órgano creado por el Consejo a tal efecto, que es el Grupo de Trabajo sobre Regulación Nacional. Kelsey señala que el proceso fue diseñado para eludir ese mandato multilateral y el órgano autorizado para supervisarlo.
Conclusión: Cómo evitar que los países en desarrollo salgan perdiendo
En la actualidad se están estudiando en la OMC múltiples temas con implicaciones sistémicas para el sistema comercial multilateral y para los países en desarrollo y los PMA en su conjunto. El multilateralismo se ve amenazado a diario por las políticas bélicas y por el deterioro de los fundamentos que sustentan las normas comerciales multilaterales, que se supone que giran en torno al acuerdo, el consenso y el reconocimiento del trato especial y diferenciado que es un derecho para los países en desarrollo y los PMA. La solidaridad entre los países en desarrollo es de la máxima importancia en estos tiempos difíciles en los que el multilateralismo se enfrenta a tan serios choques y reveses.
La exención de los ADPIC ha sido una de las cuestiones más importantes para los países en desarrollo y los PMA durante los dos últimos años, debido a su importancia para el acceso y la equidad en la respuesta a la pandemia de COVID-19. La métrica principal para evaluar cualquier resultado en este sentido debería seguir siendo la medida en que permite un acceso equitativo a las vacunas, las terapias y los diagnósticos, garantizando la libertad de operación para los fabricantes de los países en desarrollo y la seguridad jurídica en este sentido. Esta cuestión debe seguir siendo un tema independiente en el contexto de la respuesta de la OMC a la pandemia y no debe vincularse a concesiones en otras áreas de negociación.
Al mismo tiempo, otras cuestiones clave, como las subvenciones a la pesca y la agricultura, que están integradas en los objetivos de desarrollo de los países en desarrollo y los PMA, no deben socavar, sino fortalecer, tanto la producción como a los pequeños productores, para aumentar la resiliencia a largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y de los medios de vida. Además de esto, una postura colectiva por parte de los países en desarrollo y los PMA es crucial para garantizar que las iniciativas plurilaterales no acaben socavando la viabilidad del sistema comercial multilateral basado en normas, y que las reformas de la OMC contribuyan a mejorar la capacidad de la OMC para desempeñar su función como foro multilateral de negociaciones entre todos sus miembros y ayuden a facilitar la participación efectiva de los países en desarrollo y los PMA, y no lo contrario.
Kinda Mohamadieh y Ranja Sengupta son investigadoras de la Red del Tercer Mundo.
Notas
[i] Véase https://insidetrade.com/daily-news/wto-members-coalesce-mc12-dates-amid-push-address-war-ukraine y D. Ravi Kanth, «WTO: DG calls for ‘convergence-building’ on controversial issues for MC12», SUNS #9546, 31 de marzo de 2022.
[ii] Véase el Programa de Trabajo de Desarrollo de Doha, párrafo 44.
[iii] El Grupo de los 90, integrado por la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, el Grupo Africano y el grupo de los PMA, ha presentado 10 propuestas a este respecto que se refieren a la transferencia de tecnología, las medidas de inversión relacionadas con el comercio, los obstáculos técnicos al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias, la valoración en aduana, las subvenciones y las medidas compensatorias, y la adhesión de los PMA a la OMC.
[iv] Incluye a Egipto, Sudáfrica, Sri Lanka, Túnez, Bolivia, Uganda, Venezuela y Pakistán. Véase su presentación inicial titulada «La respuesta de la OMC a la luz de la pandemia: normas comerciales que apoyan la creación de resiliencia, la respuesta y la recuperación para hacer frente a las crisis nacionales y mundiales» (documento de la OMC JOB/GC/278/Rev.3).
[v] «Exención de determinadas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC para la prevención, contención y tratamiento de COVID 19», documento de la OMC IP/C/W/669/Rev.1.
[vi] https://healthjusticeinitiative.org.za/2022/03/24/trips-waiver-negotiations-leaked-text/
[vii] D. Ravi Kanth, “Linking draft IP ‘compromise’ with MC12 deliverables?”, SUNS #9538, 21 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.twn.my/title2/wto.info/2022/ti220317.htm
[viii] Las estimaciones de las subvenciones realizadas por U. Rashid Sumaila et al. (https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103695) muestran que el total de las subvenciones proporcionadas por los países con un alto Índice de Desarrollo Humano (IDH) (incluida China) asciende al 87%, mientras que los países con un IDH bajo aportan el resto. De los 82 países marítimos incluidos en el estudio, unos 58 países en desarrollo, excluyendo a China, aportan el 44% de las subvenciones mundiales, mientras que 23 países desarrollados contribuyen con el 35% y China con el 21% restante.
[ix] https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/dgno_28mar22_e.htm
[x] D. Ravi Kanth, «WTO: DG calls for ‘convergence-building’ on controversial issues for MC12», SUNS #9546, 31 de marzo de 2022.
[xi] Véase el documento de la OMC WT/GC/W/778/Rev.3.
[xii] Véase la nota 10 supra.
[xiii] Documento no oficial de la sala de la OMC (RD/GC/17/Rev.2) recogido en D. Ravi Kanth, «WTO: DG calls for ‘convergence-building’ on controversial issues for MC12», SUNS #9546, 31 de marzo de 2022.
[xiv] Ibid.
[xv] Ibid.
[xvi] Vicente Yu, «Environment- and Climate-Related JSIs: Caveat Emptor», Red del Tercer Mundo, disponible en: https://www.twn.my/title2/briefing_papers/MC12/briefings/Short%20note%20-%20environment%20JSIs%20generally.pdf
[xvii] Véase el documento de la OMC WT/GC/W/819.
[xviii] El artículo II.1 establece que «La OMC proporcionará el marco institucional común para la conducción de las relaciones comerciales entre sus miembros…», y el artículo III.2 establece que «La OMC proporcionará el foro para las negociaciones entre sus miembros relativas a sus relaciones comerciales multilaterales».
[xix] Presentación de India, Sudáfrica y Namibia (WT/GC/W/819/Rev.1), «The Legal Status of Joint Statement Initiatives and their Negotiated Outcomes», marzo de 2021.
[xx] Véase INF/SDR/1 de 27 de septiembre de 2021.
[xxi] Kinda Mohamadieh (2021), «Reference Paper on Services Domestic Regulations: Overview of main content and regulatory implications», disponible en: https://www.twn.my/title2/briefing_papers/MC12/briefings/Reference%20paper%20on%20SDR%20TWNMC12BP%20Nov%202021%20Mohamadieh.pdf
[xxii] Jane Kelsey (2021), «Briefing note on Services Domestic Regulation JSI text of 27 September 2021 (INF/SDR/1)», disponible en https://www.twn.my/title2/briefing_papers/twn/Domestic%20regulation%20TWNBP%20Oct%202021%20Kelsey.pdf
[KM1]Sólo para no repetir «gran empresa» en la frase.
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