La ganadería genera multimillonarios dividendos a América Latina, pero también un amplio y variado impacto ambiental que hace urgente su trasformación en una actividad sostenible que sea ecológicamente amigable, socialmente aceptada y económicamente rentable.

“América Latina no puede continuar ignorando, desde el  punto de vista de sus políticas públicas, los desafíos que implica tener una ganadería que sea  sustentable”, afirmó a IPS el biólogo Javier Simonetti, académico del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Chile.

Añadió que la ganadería tiene varios costos en la región “pero son subsanables, reducibles en la jerarquía de mitigación”. “Soy razonablemente optimista”, señaló.

La ganadería latinoamericana es un sector estratégico para la seguridad alimentaria de la región y del mundo. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),  25 por ciento de las calorías y 15 por ciento de las proteínas que consumen los latinoamericanos son de origen animal.

El sector pecuario regional contribuye con 46 por ciento del producto interno bruto (PIB) agrícola de la región, aunque se trata de una actividad que concentran cinco países, con 75 por ciento de la producción. Ellos son Brasil, Uruguay, Paraguay, México y Argentina, por ese orden.

Aproximadamente 80 por ciento de los productores ganaderos de la región son pequeños agricultores familiares, quienes desarrollan una tradición ganadera extensiva y rural.

Sin embargo, el aumento creciente de la demanda mundial de productos de origen animal generó un importante impacto ambiental, que podría agravarse si se cumplen los pronósticos que advierten que, para el año 2050, la demanda mundial aumentará en hasta 70 por ciento.

“El proceso de expansión de la ganadería que están viviendo los países de América Latina representa tanto una oportunidad como una amenaza para el desarrollo sustentable de la región”, afirmó a IPS la oficial de Salud y Protección Animal de la FAO, Deyanira Barrero.

“Por un lado, es una oportunidad para generar riqueza y mitigar la pobreza si se toman las decisiones políticas adecuadas y se promueven sistemas de producción ganaderos sustentables y amigables con el ambiente. Por el otro, es una amenaza si la expansión de la actividad continúa sin considerar los costos ambientales y los potenciales efectos de marginalización de los pequeños productores”, advirtió.

América Latina, con solo 13,5 por ciento de la población del planeta, produce algo más de 23 por ciento de la carne bovina y de búfalo y 21,4 por ciento de la de ave del mundo y es el mayor exportador de esos rubros, mientras se mantiene con importante productor y exportador de carne de cerdo y lácteos.

Pero la cara negativa de esta expansión es que 70 por ciento de las pasturas de la región presentan un nivel moderado o severo de degradación.

Barrero precisó, en la sede regional de la FAO en Santiago, que los principales costos ambientales asociados a la ganadería en América Latina están relacionados con los niveles de deforestación, la degradación de los suelos y praderas, la pérdida de biodiversidad, la disminución del recurso hídrico y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

De acuerdo a cifras de la FAO el sector ganadero incide de manera importante en el cambio climático, con emisiones estimadas en 7,1 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente por año, que representan 14,5 por ciento de las emisiones de GEI inducidas por el ser humano.

La producción de carne y leche de vacuno es responsable de la mayoría de las emisiones, pues contribuye con 41 y 29 por ciento, respectivamente.

En América Latina, las zonas más susceptibles a la ampliación de la frontera agrícola ganadera corresponden a ecosistemas de la Amazonia en Brasil, el Chaco americano en Argentina, Paraguay y Bolivia, y las zonas áridas y semiáridas de Argentina y Chile.

Debido a esto, aseguran los expertos, se deben tomar acciones decididas para que el crecimiento del sector se lleve a cabo de modo ambientalmente sostenible y que contribuya, al mismo tiempo, a la mitigación del cambio climático, de la pobreza y a la mejora de la salud humana.

En esa línea, los pequeños productores son clave para atenuar las amenazas, dijo Barrero.

“Los productores pecuarios familiares están más expuestos a los riesgos provocados por el cambio climático, pero son actores fundamentales en la mitigación de éste toda vez que se presume que algunas prácticas más comunes entre éstos podrían ser favorables a la protección del medio ambiente”, explicó.

Por esta razón,  se necesitan políticas de apoyo, marcos institucionales y de incentivos adecuados, y una gobernanza más proactiva para lograr su integración y evitar la marginalización.

Simonetti advirtió que “la ganadería genera  un conjunto de problemas ambientales y sociales que no son debidamente incorporados en ninguna política pública. Con algunos incentivos u orientaciones o restricciones, podrían perfectamente pasar de ser un problema  a, por lo menos, ser neutros”, explicó.

Recordó que en Chile, por ejemplo, se gastan cerca de 15.000 litros de agua por cada kilo de carne que se produce, y advirtió que “si no modificamos ese enorme gasto de agua, nos va a ir mal no solo como país, sino como mundo entero”. Por ello, dijo, “todos tienen que sentarse a conversar”.

Atendiendo a la urgencia, en junio, durante la Sexta Reunión de la  Agenda Global de Ganadería Sostenible que se realizó en Panamá, los gobiernos de la región destacaron la necesidad de articular sus políticas pecuarias con las de desarrollo rural, social y ambiental, a fin de alcanzar la sostenibilidad en la actividad.

Acordaron además garantizar la participación activa de la región en la formulación y ejecución de los planes de trabajo de la Agenda Global, a partir de las prioridades definidas por los países en la Comisión de  Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe, cuya secretaría técnica la ejerce la FAO.

Para los expertos, el conocimiento local y la diversificación de los sistemas productivos familiares son las principales herramientas para disminuir los riesgos asociados al cambio climático y los desastres naturales.

“Las políticas de adaptación al cambio climático deben considerar la relación entre vulnerabilidad agroclimática y seguridad alimentaria e impulsar programas específicos de adaptación al cambio climático en zonas rurales”, explicó Barrero.

Ello debe realizarse, “valorizando el uso de razas locales adaptadas que han sido conservadas por los pequeños productores así como el uso sostenible de cultivos agrícolas locales tolerantes a sequía y que sirven de fuente para la alimentación humana y la alimentación animal”, planteó.

La especialista de la FAO advirtió que esta es una responsabilidad de todos los actores de la sociedad.

“El cambio climático es una cuestión mundial y las cadenas de suministro ganadero están cada vez más conectadas a nivel internacional. Para ser eficaces y justas, las medidas de mitigación también deben ser globales”, concluyó. (IPS)

Publicado: 2 de septiembre de 2016 - No. 275 - Año 2016