La isla caribeña de Barbados ha presentado a comienzos de marzo un documento ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) argumentando que “fueron los países más importantes del sistema financiero global los que crearon el problema para el resto del mundo” y, por lo tanto, “los países en desarrollo merecen una mayor voz en el establecimiento de normas de supervisión”.

El documento de Barbados ha sido oficialmente incluido en la agenda del Comité sobre el Comercio de Servicios Financieros (CTFS) de la OMC y en él se analiza cómo todas las reglas fueron violadas por las grandes potencias y, por lo tanto, hay que cambiarlas si la ley ha de ser pareja para grandes y pequeños.

Por ejemplo, en un intento de frenar el estallido de la crisis, hacia marzo de 2008 la Reserva Federal de Estados Unidos ya había prestado sin interés nueve billones de dólares a varios bancos, empresas y fondos de inversión. Estos créditos subsidiados fueron aprovechados, entre otros, por el fabricante de motocicletas Harley Davidson y la cadena de comida rápida McDonald’s, para financiar sus nóminas o hacerse de capital de giro barato, algo normalmente no disponible a las empresas y que les aseguró una competencia desleal en los mercados globales, en violación de las normas de la OMC y, en particular, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS, por su sigla en inglés).

Alemania, por su parte, prohibió en mayo de 2010 las operaciones llamadas de naked short-selling con eurobonos, para desestimular la especulación, aunque el GATS prohíbe a los firmantes del “entendimiento” (understanding) sobre servicios financieros cualquier limitación a la banca, los seguros y el sector financiero, aun si las operaciones son de alto riesgo. Ese mismo mes, también en violación de los acuerdos, Estados Unidos prohibió a las instituciones financieras que recibieron fondos federales determinadas operaciones especulativas (swaps).

Barbados “acepta que la intervención de los gobiernos fue necesaria en su momento, ya que el problema era grave”. Pero “esto debe ser visto como un caso único”, ya que si las instituciones financieras esperan volver a ser rescatadas en situaciones difíciles se genera un riesgo moral” al premiar las conductas irresponsables.

La adquisición de las instituciones financieras por parte de los gobiernos nunca se había previsto en el marco del GATS, pero esto es precisamente lo que ha ocurrido en varias jurisdicciones signatarias. Se da la paradoja -y la ilegalidad- de que el gobierno se vuelve prestamista de último recurso en el largo plazo de instituciones en las que también es accionista. Según el GATS sólo podrían ser públicas aquellas entidades financieras que no presten servicios comerciales al público”.

El documento aborda también el concepto de “demasiado grande para quebrar”. Las grandes instituciones saben que van a ser rescatadas y el documento se pregunta “si las normas aplicables a los megabancos deben ser las mismas que para los bancos más pequeños. A muchas entidades pequeñas se les permitió quebrar, aunque sus problemas fueran menos severos que los de las grandes entidades que fueron rescatadas. Este tratamiento discriminatorio podría ser contrario al GATS.

La crisis financiera evidenció que aunque los problemas son internacionales, los rescates suelen ser nacionales. Como sede de muchas empresas con orígenes fuera del país, Barbados se pregunta si estas filiales serán rescatadas al quebrar las casas matrices. Con apenas 300 mil habitantes, el país caribeño no sólo no dispone de los mismos recursos que las grandes potencias, sino que tampoco podría violar las normas internacionales con la misma facilidad.

El documento considera que se resquebrajó el concepto, presente tanto en los artículos del FMI como en el marco de la OMC, de que son las crisis en la balanza de pagos las que permiten a los países tomar medidas correctivas. En primer lugar, señala Barbados, a los países se les debe permitir tomar medidas preventivas, y no sólo correctivas. En segundo lugar, la crisis no fue una crisis de balanza de pagos, ya sea para aquellos países donde se originó o para la mayoría de los países en desarrollo.

El documento subraya que no se trata de sugerir que las medidas correctivas frente a la crisis no deberían haber sido adoptadas. “De hecho, en su mayor parte, han sido eficaces”, dice. “Pero el hecho es que han incumplido sus compromisos”. La conclusión, entonces, es que hay que “revisar algunas de estas medidas en el interés de construir un sistema más flexible en el largo plazo y un enfoque más equilibrado a la regulación, que tenga en cuenta tanto el impacto diferenciado de la crisis y las medidas correctivas en los países desarrollados y en desarrollo”.

Entre las medidas sugeridas están la necesidad de explicitar la posibilidad de regular a los grandes bancos, permitir restricciones a las actividades financieras de alto riesgo, permitir control de capitales en situaciones de elevado endeudamiento, graves desequilibrios fiscales e inestabilidad del sector financiero y no sólo por dificultades en la balanza de pagos, como hasta ahora.

También puede ser necesario limitar el tamaño o el número de las instituciones que operan en una plaza financiera y reducir las multas que los países deben pagar por no cumplir sus compromisos en situaciones de crisis.

* Director del Instituto del Tercer Mundo (ITeM).

Esta columna se basa en un extenso informe de Kanaga Raja, publicado en South-North Development Monitor (SUNS), el 25 de marzo de 2011.

Publicado: Jueves 31 de marzo, 2011 - 12 Año 2011