El lunes 7, justo una semana antes de la fecha límite para la presentación de ofertas nacionales de liberalización de servicios, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez decidió abandonar las negociaciones plurilaterales cuasi secretas para un Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA). Este anuncio es consecuencia de la decisión de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio, tomada dos días antes por amplia mayoría (117 votos contra 22), contraria a que el país continúe en este proceso, iniciado por Estados Unidos y Australia con la Unión Europea como un actor clave también.

Los ministros de Economía, Danilo Astori, y de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, fueron los únicos miembros significativos del Frente Amplio que apoyaron al TISA. El Movimiento de Participación Popular votó en contra, a pesar de que su líder, José Mujica, era todavía presidente cuando Uruguay se unió a esas negociaciones en febrero pasado.

La coalición gobernante estudió el tema durante cuatro meses y antes de tomar su decisión pidió a todos los ministerios un análisis de cómo la apertura de los servicios afectaría sus agendas y los elementos que quisieran incluir en la "lista negativa" de servicios que no se liberalizarían.

Un enfoque de "lista negativa" significa que todos los sectores se liberalizan salvo aquellos explícitamente excluidos. Un enfoque de "lista positiva" liberaliza solo aquellos sectores o partes de un sector que se incluyen en una lista predeterminada.

El periódico uruguayo La Diaria publicó un resumen de los análisis ministeriales presentados al plenario del Frente Amplio por su presidente, Daniel Marsiglia. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social considera que algunos de los requisitos del TISA estarían en contradicción con las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que Uruguay ha firmado y, por tanto, deben considerarse como ley nacional.

El Ministerio de Industria, Energía y Minas informó a la coalición de gobierno que el TISA implicaría riesgos para las políticas de telecomunicaciones de Uruguay. Desde que la ley de privatización fue derogada por referéndum en 1992, la telefonía fija, la generación y distribución de energía eléctrica, la única refinería de petróleo del país y todos los servicios de agua y saneamiento están a cargo de empresas estatales. Además, los bancos de propiedad estatal, si bien compiten con los privados, tienen tres cuartas partes de los depósitos, mientras que la compañía de seguros estatal controla alrededor de la mitad del mercado.

Mientras tanto, la empresa de telefonía celular móvil estatal tiene el doble de suscriptores que sus dos competidores extranjeros juntos. La política de telecomunicaciones que el TISA desafiaría ha permitido que Uruguay tenga una red de telefonía 100% digitalizada y todos los niños en edad escolar cuenten con acceso gratuito a Internet, como parte de la política de "una computadora por niño" que Tabaré Vázquez comenzó en su presidencia anterior.

El Ministerio de Agricultura rechazó la liberalización de algunos servicios que presta, en particular, la identificación y seguimiento de ganado (“trazabilidad”) que permite a Uruguay exportar carne a precios más altos que los de sus vecinos. El Ministerio de Turismo informó que no hay beneficios posibles del TISA en su sector, ya que el turismo ya está liberalizado. El Ministerio de Salud indicó que no está en condiciones de producir una "lista negativa" debido a la naturaleza cambiante de los servicios de salud que podrían volver obsoleta una lista de este tipo en poco tiempo.

El TISA recibió comentarios favorables del Ministerio de Relaciones Exteriores, que argumentó que la presencia de los negociadores uruguayos les ayudaría a "adquirir experiencia", mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas destacó que el acuerdo traería beneficios a los productores locales de software y servicios profesionales (como abogados y contadores).

Cuando el Frente Amplio convocó a un debate público, el presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información de Uruguay, Carlos Caetano, expresó su esperanza de que el TISA les ayudaría a abrir los mercados al permitir a sus técnicos viajar al extranjero con más libertad, pero sin embargo reclamó que el sistema de contratación pública continúe favoreciendo a las empresas nacionales sobre las extranjeras. Se hizo evidente que este sector, que representa a lo sumo el 2% del ingreso nacional total, estaba mal informado.

El Modo IV de prestación de servicios (aquellos que requieren el movimiento de personas físicas al extranjero) está excluido del TISA a instancias de Estados Unidos. En Estados Unidos, la Unión Europea y Australia, el movimiento de personas físicas para la prestación de servicios se rige por los requisitos de visado de sus políticas de inmigración que aplican un "test de necesidad”. Con el TISA, por tanto, la industria del software uruguaya no conseguiría el acceso que desea para sus técnicos y, al mismo tiempo, perdería el apoyo del gobierno.

Roberto Bissio es director del Instituto del Tercer Mundo, con sede en Montevideo, Uruguay.

Publicado: 18 de septiembre de 2015 - No. 227 - Año 2015